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    viernes, 6 de enero de 2006

    LAS 14 MENTIRAS SOBRE EL CAC Y LA COPE
















    Crónica de Jose Antonio Donaire

    Llevo una semana lidiando en diversos foros sobre el CAC, especialmente en los espacios liberales donde me consideran un hídrido entre la señorita Rotenmeyer y Dark Vader. Eso me ha permitido identificar al menos 14 errores sobre el CAC que circulan libremente por la blogosfera como circulan los restos navideños de la Sidra el Gaitero por mi intestino delgado. Después de este catálogo, prometo dedicar los próximos posts a la semiótica de la negación icónica o a las interesantes costumbres del lirón careto.


    1. El CAC ha sancionado a la COPE

    El Consejo Audiovisual no ha sancionado a la COPE. En sus cinco años de existencia no ha sancionado nunca. El mes de diciembre de 2005 publicó un informe en el que pone de manifiesto que la emisora ha ultrapasado los límites de la libertad de expresión. Este informe no tiene una función sancionadora.

    2. El CAC ha intentado cerrar la emisora

    Aquí hay una disfunción temporal propia de Memento. En 1998 el Gobierno de la Generalitat (CiU+PP) no renovó la licencia de la COPE en Barcelona, Manresa o Tarragona, de acuerdo con la Ley de política lingüística. El Tribunal Supremo estimó, con buen criterio, que la norma no se puede aplicar con carácter retraoactivo y revocó esta decisión. Nada que ver con el CAC.

    3. El CAC se ha creado "ad hoc" para cerrar la COPE

    Aunque parezca mentira, aún muchos consideran que el pérfido tripartit ha creado una Agencia para fulminar a la COPE. En realidad, el Consell Audiovisual de Catalunya se creó en el año 2000 (CiU+PP) a partir de la Ley 2/2000 que ha sido modificada posteriormente en diversas ocasiones. Ha emitido 166 informes . Uno de ellos fue el celebrado informe sobre el tratamiento informativo durante el 13 M, que mereció una reseña en El Mundo.

    4. El CAC se ensañado con una emisora que critica al Gobierno

    En primer lugar, el dictamen del CAC dice textualmente: "El CAC considera que la COPE recoge en el seno de su línea editorial las convicciones y las ideas de una parte representativa de la ciudadanía y manifiesta su voluntad de garantizar, en términos generales, la contribución que realiza este medio al pluralismo informativo".
    Por otro lado, como intenté explicar en el segundo capítulo de esta apasionante intriga, el CAC tiene un bonito historial de informes sobre la COM, la SER, Barcelona TV, Badalona TV, Flash TV, Maçanet TV y un largo etcétera, que por lo visto no merecieron la atención de los adalidades de la libertad.

    5. Se ha modificado la Ley para sancionar a la COPE

    Ésta es una curiosa variante de la incorrección número 3. Pero también es incorrecta. La Ley 22/2005 es de finales de diciembre de 2005, mientras que el informe del CAC es anterior. De hecho, la nueva ley ha sido publicada en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) en fecha 3 de enero. Por lo tanto, el informe del CAC sobre la COPE no está basado en la nueva Ley sino en el antiguo marco legislativo (CiU+PP).

    6. La antigua/nueva Ley del CAC es anticonstitucional porque no se puede limitar la libertad de expresión

    Tanto por una como por la otra se puede instar al Tribunal Constitucional para conocer su docto veredicto.
    Pero mientras esperamos ansiosos el resultado del TC, podemos releer un poco la Constitución. Empiezo por el artículo 20.d.: "Derecho y deber a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión". Continúo con el 20.3. "3. La Ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social...". Y acabo con el 20.4.: "4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las Leyes que lo desarrollan y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia".

    7. El CAC es un instrumento del Gobierno tripatit, ése que es amigo de la ETA (sic)

    El Consejo está integrado por diez miembros. Nueve de ellos son escogidos por el Parlamento. La elección debe cumplir dos requisitos: (a) debe ser propuesto al menos por tres grupos parlamentarios y (b) debe ser aprobado por dos tercios de la Cámara. Debo decir que no hay ningún Consejo tan restrictivo como éste. En muchos países, los miembros del C.A. son escogidos directamente por el Gobierno, por ejemplo por el Ministro de turno. En los más celosos, se necesita la mayoría simple del Parlamento. Pues bien. en Cataluña, es preciso dos tercios.
    ¿Eso garantiza la objetividad?. Nada garantiza la objetividad. Pero como no hablamos de criterios absolutos, sino de grados, qué duda cabe que este sistema permite mayor objetividad. Ójala en el futuro determinados organismos independientes del Estado sean escogidos con una fórmula similar.

    8. La nueva Ley del CAC tiene un arsenal represor sin precedentes

    En realidad "la nueva Ley" no es del Consejo Audiovisual, sino que hace referencia a "la comunicación audiovisual". Tanto esta Ley como la anterior están basadas de forma casi literal en el artículo 4 de la Ley 4/80 (UCD). Este precepto es el que inspira toda la legislación posterior sobre medios (como la Ley 10/88, la Ley 11/91, la Ley 37/95...). En esencia, este marco jurídico considera que la actividad de los medios de comunicación del Estado se rigen por seis principios, entre los que figuran (a) "la objetividad, veracidad e imparcialidad de las informaciones" (b), "la separación entre informaciones y opiniones" (d) o "el respeto al honor, la fama, la vida privada de las personas".
    Es importante tener este punto claro. En el preámbulo de la Ley manifiesta claramente que la función esencial del CAC es velar por el cumplimiento de la Constitución, del Estatuto y de la legislación sobre medios audiovisuales. Si el CAC se equivoca, tenemos una gran tarea legislativa: modificar una decena de leyes y decretos. Pero criticando el CAC en realidad, estamos matando al pianista.

    9. Es la mayor aberración desde la Alemania nazi (sic)

    En el tercer capítulo de esta trilogía en cuatro actos (bonito oxímoron), he intentado explicar que los consejos audiovisuales son un instrumento común. De Alemania a Australia, pasando por Hong Kong, Estados Unidos e Italia. De hecho, en Europa sólo San Marino, Vaticano, Lietchestein y España no tienen un Consejo. Estos consejos son escogidos por el Parlamento en el mejor de los casos, tienen una legislación muy severa (lean por ejemplo la holandesa y verán), sancionan y cierran emisoras.
    Ante esta constatación, los detractores no han aceptado su error, sino que han modificado su discurso: El hecho de que esté en toda Europa no quiere decir que esté bien. Eso es cierto, pero reconozcamos que queda un poco unamuniano ("que inventen ellos"). Como aquel conductor que se quejaba de que todos los coches iban contra dirección. Sea como fuere, al menos no podemos sostener sin sonrojarnos que somos la quinta columna del Liberticidio Internacional.
    En este contexto, la escena de la carretilla de Luis Herrero, Iturgaiz y Oreja por los pasillos del Parlamento Europeo me ha parecido sacada directamente de los Teletubbies. Faltaba Tinky Winky.

    10. En España, nunca se vio nada igual

    Podemos empezar por el Consejo Audiovisual de Navarra, creada por la Ley Foral 18/2001. Seguiríamos con el Consejo Audiovisual de la Comunidad de Andalucía creado según la Ley 1/2004, el Consejo Audiovisual de la Comunidad de Madrid, el anteproyecto de Consejo Audiovisual del País Valenciano... Es verdad que Esperanza Aguirre ha dicho que va a liquidar el Consejo de Madrid. De esta forma, podrá adjudicar las licencias de televisión a sus amigos sin ningún informe preceptivo, aunque la verdad es que ya se saltó la ley con el CAM vigente.
    Además, la mayoría de las comunidades tienen una legislación sobre contenidos y medios audiovisuales como la que propone la nueva ley catalana. Cito por ejemplo la Ley 6/1999 gallega o la Ley 2/2001 madrileña.

    11. Bueno, en España sí se vieron cosas así, pero sólo en Cataluña la legislación hace referencia a los contenidos

    Todas las leyes españoles sobre medios audiovisuales hacen referencia a los contenidos.
    Nos vamos por ejemplo a la Ley 2/2001 madrileña (ésta no se va cambiar, ojo). Leemos el artículo 7.e. [Los medios audiovisuales deben respetar] "la objetividad, veracidad e imparcialidad de las informaciones, así como la diferenciación en los contenidos y los formatos de lo que es información, de lo que es publicidad o propaganda". Por favor, retengan esta frase que volveremos a utilizar en el punto 14.

    Ahora tomamos el anteproyecto de Ley valenciana y nos vamos a los principios: "Deberá respetar la objetividad, veracidad e imparcialidad de las informaciones, así como la diferenciación en los contenidos y los formatos de lo que es información, de lo que es publicidad o propaganda". ¿Dónde he leído yo eso?.

    En fin, puedo leer los "principios xerais da actividade audiovisual" de la Ley 6/1999 o las 22 (han leído bien, 22) funciones del Consejo andaluz.
    Por cierto, vamos a seguir el resultado de la maniobra en la Comunidad de Madrid. Ya que suprimen el CAM porque su presidenta no lo reunido nunca y no cree en él, pero mantienen vigente toda la legislación sobre medios audiovisuales, ¿quién se encargará del cumplimiento de la normativa?... ¡Tachán!. Efectivamente, el Gobierno de la Comunidad de Madrid. No habrá un Consejo "represor", sino que pasaremos directamente al Gobierno sin intermediarios. ¡Y encima aplauden entusiasmados!

    12. Bueno, está bien, en España también hay leyes autonómicas sobre contenidos audiovisuales pero... ¡nunca se ha planteado la función sancionadora

    Supongo que este planteamiento obedece a una nueva tradición legislativa, según la cual proponemos normas, pero si no las cumples no pasa nada: "La Ley no permite entrar en un domicilio ajeno y si lo hace, el inquilino tiene derecho a explicar al intruso el contenido de la ley y hacerle ver que está en un error".

    Si leemos un poco la legislación vigente, veremos normas sancionadoras por todas partes. Por ejemplo, el capítulo V de la legislación madrileña (¿recuerdan?) prevé multas de hasta 600.000 euros y [atención] la revocación de la licencia. ¿A que espera El Mundo a proponer el siguiente titular: Con la revocación del CAM, Esperanza Aguirre podra cerrar sin problemas los medios que no le gusten o multarlos con 600.000 euros" que complemente este otro?.
    El anteproyecto audiovisual valenciano contempla el régimen sancionador en el Título VI. También lo contempla el artículo 12 de la ley andaluza. De hecho, hasta el organismo más tibio, que es el gallego, alude al artículo 11 del RD 1994/96.

    13. Nadie puede saber con certeza qué es verdad

    Supongo que éste es un de los efectos colaterales de la regla de la falsación de Popper, que ahora se toma como dogma. Viva la postmodernidad. En todo caso, como mi propósito no es opinar sino informar, me remito a cuatro consideraciones:
    - Verdad no es veraz. La información no tiene que ser verdad sino veraz (eso lo explica muy bien Chesi, pero no logro enlazar su weblog)
    - Si tampoco se puede dirimir sobre la veracidad, debemos cambiar el artículo 20.d. de la Constitución: "Derecho y deber a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión".
    - Debemos cambiar todas las leyes sobre medios que emanan de la Ley 4/1980 y que dice textualmente que los medios deben preservar "la objetividad, veracidad e imparcialidad de las informaciones"
    - Como ya ha demostrado, debemos cambiar todas las leyes autonómicas empezando por la madrileña (que, insisto, no se va a cambiar; simplemente se va a eliminar el CAM).

    14. Todo esto es una invención de la izquierda liberticida

    Eso supone aceptar que son de izquierdas Durao Barroso, Berlusconi, Bush, Chirac, Putin, Aguirre, Camps o Fraga. Os aseguro que hay gente que opina que son más o menos lo mismo.
    Pero me voy a detener en dos puntos que son capitales:
    - Empiezo con una declaración textual que he recogido de la página web del PP. [Por favor, vayan antes de que se den cuenta y la retiren]. Declaraciones de Elgorriaga (PP) después de la adjudación de Cuatro: "Por último, Elorriaga ha señalado que el futuro Consejo Audiovisual es “un órgano crucial“ para garantizar “el libre ejercicio de derechos fundamentales en un Estado democrático“, lo que requiere un acuerdo entre todas las fuerzas parlamentarias para definir su composición, sus funciones, su mecanismo de elección y su forma de trabajo". Si ya no está, es que lo han retirado, pero estoy seguro que estas declaraciones constarán en algú medio.
    - Segunda constatación: El Consejo Audiovisual forma parte del programa electoral del PP.

    Hasta aquí la información Ahora, la opinión. Les voy a proponer un relato alternativo:

    "El CAC existe desde hace cinco años (votos PP+CiU). Emite informes a partir de denuncias particulares. Ni sanciona, ni multa ni mucho menos cierra emisoras. Existe como el CA de Madrid, de Navarra y como unos 100 CA más en el mundo "occidental", desde Australia a los EEUU, de Gran Bretaña a Finlandia. El PP lo incluye en su programa electoral. Y el PP catalán lo defiende en la Comisión del CAC del Parlamento.
    Existe como existe el Defensor del Pueblo. O el ombusdman de un periódico. O el Síndico de una Universidad. Organismos ágiles que estudian denuncias de particulares y emiten informes (que no sanciones). El CAC criticó por ejemplo el tratamiento informativo del 11 M. Porque a veces los medios se equivocan; y a veces, se equivocan mucho. Y agreden, insultan, mienten o hieren sensibilidades de particulares. Y así, una comunidad religiosa pide al CAC que interceda ante un programa que considera un insulto a sus creeencias. O una persona advierte que un anuncio ofrece publicidad engañosa. O un partido de la oposición dice que la televisión local es un publireportaje del alcalde. Y el CAC ha ido informando.

    Un día, unos particulares se quejan de la COPE (informe 166º). El CAC emite un informe. Ni sanciona, ni cierra, ni sentencia. Y a partir de ese momento, se cierra el CA de Madrid, se vota contra la nueva Ley del CAC, se afirma que es un organismo represor creado ad hoc, y se desata la tormenta. Y como viene siendo habitual, se ameniza con los coros habituales: "Los catalanes, el tripartit, Perpiñán, el Carod, la ETA...". A mi me suena a "Si no aceptáis pulpo, me llevo el Scattergory". Creo que hay orejas donde nunca se puede soplar".

    JOSE ANTONIO DONAIRE.

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