El distinto rasero del PP
FERNANDO LASTRA VALDÉS/PORTAVOZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA EN LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO
«El acuerdo alcanzado entre el Partido Popular y Convergencia i Unió contiene unos objetivos comunes y unos acuerdos específicos de entre los cuales me permito subrayar la reforma del modelo de financiación autonómica con carácter general para las comunidades autónomas no forales.
El acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco compromete a ambas formaciones políticas a perseguir la estabilidad en el ámbito parlamentario, y a procurar el desarrollo concordado del Estatuto de Guernica. Los acuerdos y conversaciones a las que me acabo de referir se han desarrollado con un profundo respeto a los ideales que definen la identidad de cada grupo político».
VALGAN estos párrafos de muestra. Son reproducciones literales del Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados correspondientes al discurso de investidura de don José María Aznar López como presidente del Gobierno el 3 de mayo de 1996.
Fue posible este discurso, y la posterior investidura del señor Aznar como presidente del Gobierno, al obtener el respaldo mayoritario de la Cámara con el apoyo de Convergencia i Unió, el PNV y Coalición Canaria después de una larguísima negociación de 55 días, que culminó en el famoso acuerdo plasmado en la foto del Hotel Majestic de Madrid. La ansiedad que aquella negociación producía en el PP es irreproducible, pero un vistazo a la hemeroteca nos devuelve a la memoria -no exenta de amargura- el recuerdo de las concesiones que estaban dispuestos a hacer los más angustiados ante la perspectiva del desacuerdo.
Estos no eran otros que buena parte de los apoyos mediáticos con los que contaba el PP y el señor Aznar en aquellos momentos, y que son los mismos que lo apoyan ahora, pero curiosamente negando al actual Gobierno la legitimidad de cualquier acuerdo con fuerzas políticas representadas en las Cortes Generales, sean nacionalistas o no. Hemos pasado de conceder a Cataluña participación en el IRPF con capacidad normativa, en aquel momento el 30% y eso era -y, sinceramente, para nosotros lo sigue siendo- corresponsabilidad fiscal y perfectamente generalizable al resto de las comunidades, modificando el sistema de financiación, a acabar con la unidad de España e introducir una insoportable desigualdad entre comunidades en el acuerdo actual entre PSOE y CiU. También hemos pasado de hablar catalán en la intimidad a desatar una campaña donde se mezclan las mentiras con las medias verdades sobre la política lingüística y Cataluña.
En cualquier caso, el presente debate sobre este asunto difícilmente puede ser atribuido al proyecto de 'Estatut' que se tramita en las Cortes Generales, por la sencilla razón de que se trata de un proyecto y no está aún en vigor. Lo cierto es que la ley que regula el uso del catalán fue aprobada cuando en España gobernaba el PP y en Cataluña Pujol y, que se sepa, no fue recurrida por el Gobierno del PP en ninguna instancia.
Capítulo aparte merece la campaña del PP en relación con las excarcelaciones de presos terroristas en aplicación del Código Penal tardofranquista. Este es un asunto al margen de la ética política, la que impide responsabilizar al adversario de algo de lo que objetivamente no tiene culpa, como demuestra la doctrina del Tribunal Supremo en relación con la acumulación de penas y al acogimiento a los beneficios penitenciarios, sin capacidad alguna para recurrir al socorrido... «si es legal que se cambie la ley». Pues la Ley ya se cambió en 2003, y en nuestro país es imposible constitucionalmente su aplicación retroactiva.
Pero puestos a conjeturar me arriesgo con una reflexión: el PP exigía del Gobierno de Felipe González las modificaciones legales que obligaran a los terroristas al cumplimiento íntegro de las penas ¿recuerdan? Lo llevaba en su programa electoral de 1996, elecciones que ganaron y necesitaron para gobernar por estar en minoría, un acuerdo con, entre otros, el PNV.
A lo largo de toda esa legislatura (96-2000) el PP no cumplió su promesa de modificar la ley en el sentido reclamado y, más aún, desapareció de su programa electoral de 2000. ¿Cabría establecer una relación entre su incumplimiento y el pacto con el PNV cuando estaban en minoría? ¿Alguien hizo alguna insinuación que les colocara en connivencia con los terroristas? Nadie. Ni siquiera cuando en el uso de una capacidad política legítima y buscando un logro deseable -el final del terrorismo- establecieron negociaciones con la banda terrorista. Es una diferencia considerable entre la concepción de las relaciones políticas de unos y las que nos muestran estos ahora.
Pero si hay algo que desborda el marco de lo razonable es la iniciativa del PP de recoger firmas para solicitar la convocatoria de un referéndum. Se dirá que no es una propuesta de ley mediante el recurso a la iniciativa popular que en asuntos propios de leyes orgánicas -como en el caso del Estatuto de Autonomía- está expresamente vedado por el artículo 87.3 de la Constitución. Lo han convertido en una recogida de firmas para, mediante una proposición no de ley, pedirle al presidente del Gobierno que solicite un referéndum previa autorización del Congreso de los Diputados. (artículo 92 CE) ¿para qué?
Esta sí es una buena pregunta, pues es difícil de calificar como tal la que el PP presenta como señuelo. Pues para que se diga si queremos que España tiene que seguir siendo España o si estamos de acuerdo en que seamos más o menos iguales, sin siquiera recurrir al conocido sarcasmo de Rajoy, que tantas veces contestaría a esto con el tan gallego «depende», no hace falta referéndum alguno.
Los problemas que se derivan de las actitudes políticas maniqueas y tramposas son impredecibles, pero para quien las plantea. El PP pensará que sabe bien lo que pide, pero los entusiastas seguidores de sus posiciones obedecen a motivaciones y persiguen objetivos diversos y en muchos casos distintos. Unos espoleados por emisiones catódicas que a modo de púlpito utilizan las ondas para enardecer a sus oyentes, otros porque siguen la parte más elemental y esquemática del discurso político emocional que se suele resolver en un simple a favor de o en contra de, en este caso, es claro que en contra de.
Pero el señor Rajoy y su partido saben que si sólo se trata de una proposición no de ley sólo necesita una firma, la suya como portavoz de su grupo parlamentario, para poder tramitar su pretensión con toda seguridad en el Congreso de los Diputados, donde se le diría también con toda naturalidad que lo que pretende no es constitucionalmente posible, como por otra parte ya sabe. Pero se lo dirían con toda naturalidad todos los grupos políticos representados en la Cámara, sin necesidad de crispaciones innecesarias ni efectos negativos sobre la convivencia entre españoles.
El otro problema que no vio el señor Rajoy y que es justamente el que da una dimensión exacta de su error y de su seguro y predecible fracaso es que como obtenga menos firmas que votos obtuvo en las elecciones la propuesta tendrá menos legitimidad que si fuera respaldada únicamente con su firma, pues ya sabe que sus iniciativas parlamentarias cuentan con ese respaldo inicial, menos de eso es restar. Por si no lo sabía.
