EL DEBATE MORAL, ECONÓMICO Y SOCIAL SOBRE LA CORRUPCIÓN Y SUS CONSECUENCIAS

Fuentes cercanas a la investigación del caso "Umbra" cifran en 300 millones de euros (como mínimo) el perjuicio que la trama corrupta en el ayuntamiento de Murcia causó a las arcas públicas. Hablamos de 50.000 millones de pesetas, una cifra mareante, muy difícil de imaginar para una mayoría acostumbrada a navegar en el mileurismo, el paro y la precariedad laboral. Lo que cuesta llegar a final de mes para el común de los mortales, y lo fácil que "algunos" lo tienen para presentarse en un despacho, y ganar millones de euros en plusvalías a costa del patrimonio ajeno, con total impunidad. El problema de fondo, caldo de cultivo para los pillos, es que esa mayoría trabajadora, obrera y empresarial, honrada, la que paga sus impuestos religiosamente y que es tratada con intransigencia y sin favoritismos por el sistema, es incapaz de entender ese fenómeno llamado corrupción, y por lo tanto, de condenarlo y combatirlo. Cree la sociedad española, mayoritariamente honrada y cumplidora con el fisco, que la corrupción es un asunto menor que no va con ellos ni con sus problemas. Que es algo propio de la disputa y el debate político, sin la menor influencia en el bolsillo, la calidad de vida o las actividades empresariales de los ciudadanos de apie. Lo que nos diferencia verdaderamente de los países más avanzados social y culturalmente es precisamente nuestra escasa interiorización de "lo público"; el hastío y el desinterés generado artificialmente contra nuestra clase política y nuestras instituciones desde los poderes fácticos, coyuntura propicia que permite que los "tiburones corruptores" naden a favor de corriente para hacer sus negocios con total impunidad, en un clima social favorable para sus intereses en el que cunde la sensación de que "todos son iguales, por lo tanto, para qué controlarlos, para qué cambiar, para qué participar".

La ciudadanía maldice el descontrol de la clase política, sus privilegios, sus excesos, y lo acertadas o no que son ciertas políticas. Sin embargo, y paradójicamente, cuando toca votar, los españoles refrendan a los políticos más corruptos sin ningún tipo de rubor. No hay problema en votar a un señor que tiene más de 400 cuentas corrientes y un ritmo de vida por encima de sus posibilidades. Se hacen misas y procesiones para honrar al alcalde de turno, nuevo inquilino en prisión por sus fechorías, mientras se escupe, casi literalmente a jueces y policias."Se confunde al poli con el caco, y al caco con la poli". ¿Una España del siglo XXI o más propia de una historia de bandoleros del siglo XVII? Falta autocrítica. Algunos políticos, y los poderes empresariales que mueven los hilos parapetados detrás, se frotan las manos ante el mensaje de impunidad que lanza la ciudadanía. Y la actividad económica entonces se descontrola, se convierte en un caos. Y todos caemos en la trampa porque vemos reyes Midas donde solo hay negocio privado, especulación pura y dura, pan para hoy, hambre para mañana. Llega el día en que despertamos del sueño. El resultado es un país con una enorme crísis moral que se suma a la económica, con una tasa de paro escandalosa, con una economía sumergida que según estimaciones de Gestha puede alcanzar el 25% del PIB y con una geografía incendiada por el fenómeno de la corrupción urbanística, millones de euros defraudados y evadidos en paraísos fiscales, ahora en manos privadas. Millones de millones de euros que no salen de la nada y que son de todos, aunque los ciudadanos jueguen a mirar para otro lado. Deben saber y conocer la realidad para juzgarla, pero necesitan información.

Esos fondos malversados o perdidos por el camino no salen de la nada porque salen del trabajo y el sudor de esa mayoría honrada que sobrevive trabajando para dar de comer a sus familias y dinamizar el país con su esfuerzo, sus ideas y sus iniciativas empresariales. Así lo acordamos por contrato social, en forma de leyes y en nuestra Constitución, respaldados por nuestro parlamento, aceptando que los ciudadanos de este país, trabajadores y empresarios, cederíamos una parte de nuestros ingresos en forma de impuestos para sostener el estado del bienestar, para garantizar unos servicios públicos mínimos y justos para todos y el mantenimiento de unos derechos civiles y sociales por los que hemos luchado durante siglos, y por los que se ha derramado mucha sangre para conseguirlos. Los políticos, y cargos públicos, se comprometían a gestionar esos fondos diligentemente, en favor del interés público y general. Los trabajadores y los empresarios honrados de este país aceptamos que parte de nuestros ingresos fuesen destinados a la caja pública para la sanidad, la educación, la defensa o la lucha contra la delincuencia. Para pagar pensiones dignas a nuestros jubilados, para ayudar a los parados, para generar subvenciones para nuestros emprendedores y potenciales empresarios y un largo etc que todos los días, deberíamos recordar y dignificar como grandes logros colectivos, el llamado Estado del Bienestar. Un país que en pocos años ha logrado acercarse a un ideal donde todos tenemos los mismos derechos independientemente de nuestra capacidad adquisitva, donde el sistema facilita las mismas oportunidades al pobre y al rico, donde todos somos iguales, por ley. Ese era el acuerdo, el contrato, el compromiso que la sociedad española se dió. Y la sociedad murciana, madrileña, andaluza, la valenciana, etc en forma de autonomías, esto es, centros de poder autónomos del poder central. Por algo somos un "Estado de la Autonomías".

La mayoría hemos cumplido ese contrato social. Una minoría lo ha roto en mil pedazos. La consecuencia lógica, desde el punto de vista moral, ético, jurídico o político, debería consistir en el castigo de quien incumple lo pactado. El lema "Spain is diferent" adquiere aquí su mayor trascendencia. La sociedad española, y muy especialmente la murciana, ha aceptado sin embargo que nuestra clase política incumpla los acuerdos, y además, abogamos por procurarles perdón, cuando no una total impunidad para sus actos. Estamos de acuerdo en meter en la cárcel a cualquier mindundi que roba en una joyería o un supermercado, pero renegamos de nuestra policía cuando se pilla con los manos en la masa a un hombre trajeado, perfumado, con gomina en el pelo, y una cuenta corriente multimillonaria. Votamos en masa a políticos que incumplen lo pactado, y que, ya sea por incompetencia o por corrupción, desvían esos fondos públicos (impuestos que vienen del trabajo del obrero y de los beneficios del empresario) a los bolsillos de empresarios corruptores, testaferros y familiares, con la complacencia y la pasividad ciudadana. Nos congraciamos y avalamos que nuestros presidentes, consejeros, alcaldes y concejales, se metan en el bolsillo o en ajeno nuestros impuestos, nuestros esfuerzo, nuestro sudor, y el futuro de nuestros hijos.

¿Cómo podemos avanzar como sociedad, solucionar los problemas del país, progresar económicamente, si renegamos de los valores del esfuerzo, el trabajo, la honradez o la defensa del interés general? Los países nórdicos, y los más desarrollados y admirados (Alemania, Francia entre otros) han alcanzados una madurez democrática y una conciencia colectiva que les lleva a renegar de la corrupción, castigándola social y políticamente, sin contemplaciones. Con leyes duras e intransigentes y un control férreo sobre los cargos públicos. En Suecia o Alemania un político por muy presuntamente corrupto que sea, es señalado publicamente al primer indicio o sospecha sobre su gestión y tiene que dimitir, por fuerza mayor, y demostrar, ya sin el parapeto del cargo público, su inocencia. Los propios partidos son los primeros interesados en purgar estas conductas porque son castigadas por sus votantes, ya sean de derechas o de izquierdas. Allí políticamente rige la presunción de culpabilidad, sin menoscabo de la presunción de inocencia que rige en el panorama jurídico y personal. Algo tendremos que aprender de estos países si queremos algún día igualar sus condiciones y prosperidad. Empecemos por copiar su mentalidad. Empecemos por luchar contra la corrupción.

Si volvemos al caso "Umbra" tenemos la desoladora fotografía de un ayuntamiento que ha dejado de ingresar como mínimo 50.000 millones de pesetas. Mientras tanto observamos que el consistorio tiene enormes dificultades para pagar a sus proveedores, entre ellos muchos pequeños autónomos y empresarios, y cuando algunos trabajadores municipales ya sufren retrasos en el pago de sus nóminas, y temen que la cosa no se quede ahí y vaya a peor. Nuestros centros públicos educativos y sanitarios sufren enormes restricciones presupuestarias que afectan a la atención y calidad de vida de los ciudadanos, colegios, centros de salud, y servicios sociales varios. Miguel Angel Cámara, alcalde de Murcia, ha ordenado como respuesta importantes subidas en los impuestos municipales que suponen en muchos casos aumentos del 20% en los tributos y aún así, las cuentas parecen no salir. Trabajadores, comerciantes, restauradores, pequeños empresarios, autónomos, sufren un efecto de doble ronda. Que en realidad es de triple ronda cuando conocemos que el mismo ayuntamiento que reduce gastos municipales y sube impuestos (economía de guerra) perdona millones de euros a un conglomerado de empresarios especuladores; los mismos que han cogido la pasta y han volado del municipio, dejando a su paso a miles de murcianos en el paro. Para la sociedad murciana esto merece un premio en las urnas, y si jueces, policías y fiscales, pero sobre todo la oposición no lo evita, estos gañanes irán a recogerlo en mayo como si de un Planeta o Principe de Asturias se tratara.

Necesitamos altas dosis de pedagogía. El personal está muy confundido y desinformado. Algo está fallando. Porque nadie en su esfera privada contrataría a un contable acusado de defraudar a las empresas por las que ha pasado; nadie en su esfera privada se dejaría a operar por un médico reiteradamente denunciado por mala praxis; nadie en su esfera privada compraría un producto defectuoso a sabiendas. Nosotros estamos contratando políticos que presuntamente roban, o en el mejor de los casos, son pésimos gestores del dinero público. Caso Umbra, 300 millones de euros. Con esa cantidad de dinero se podrían perdonar los impuestos municipales durante años y así aliviar la carga de muchas empresas y trabajadores del municipio de Murcia. Se podrían hacer unas cuantas escuelas para que nuestros hijos no estudien hacinados, o una red de guarderías que faciliten la conciliación de la vida laboral. Se podría dotar de mejores medios a la Policía Local, o a los Bomberos, e incluso subirle el sueldo a los trabajadores municipales. Con 300 millones de euros se podría sacar del olvido y del atraso a numerosas pedanías de Murcia, las grandes perjudicadas. Con 300 millones de euros más en nuestras arcas, los pequeños empresarios y autónomos no tendrían que suplicar al ayuntamiento para cobrar por el trabajo realizado. Con 300 millones de euros, 50.000 millones de pesetas, seguramente se podrían crear muchos puestos de trabajo, miles, y dinamizar la economía local. Se podrían hacer obras varias, inversiones, o sufragar nuestra deuda con los bancos. Esos 300 millones de euros sin embargo se han perdonado a unos empresarios del ladrillo, a cambio de algunas contrapartidas personales para algunos cargos públicos. Y a los ciudadanos parece que "nos parece" bien. Prueben algunos de ustedes a no pagar algún recibo municipal, aunque suponga 20 o 30 euros y verán lo que pasará.

Hay un problema de fondo, educativo, ético y moral que hay que combatir. En cualquier cultura avanzada el señor alcalde de Murcia habría dimitido, y/o obligado a dimitir por la propia ciudadanía. En Alemania, un espejo donde nos solemos mirar, sería imprensable que alguien que ha "perdido", supuestamente, para su ciudad 50.000 millones de euros, siguiese en su cargo. 50.000 millones que se han ahorrado unos listos con contactos o han ido a parar a manos privadas de forma opaca...en los países punteros de occidente, ese cargo público estaría inhabilitado social y políticamente, para siempre. En algunos como China, fusilados. Pero la batalla en Murcia, Valencia o Madrid contra la corrupción es muy difícil porque confluyen elementos propios del "Gilismo" o el "Berlusconismo", muy característicos en los movimientos "neocon" americanos y europeos: medios públicos y privados controlados por el poder político que riegan la opinión pública con el discurso partidista de los interesados; demonización de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, jueces y fiscales; anulación de la oposición política con feroces campañas de propaganda; evasión de la propia responsabilidad culpando a un hipótetico enemigo exterior de los problemas propios; una red clientelar nutrida a base de favores varios; un poder judicial controlado y mediatizado. Resultado: sensación de impunidad. Normalización de la corrupción. Desinformación, desorientación y desconocimiento en los ciudadanos.

Soluciones. Mucha pedagogía, sobre todo mucha pedagogía, pero con inteligencia, priorizando un par de objetivos concretos para no "aburrir" al ciudadano. Campañas explicativas centradas en informar a los ciudadanos de las responsabilidades, competencias y obligaciones de los cargos públicos, distinguiendo entre administraciones. No es razonable que los presidentes autonómicos y alcaldes no asuman ninguna responsabilidad de su gestión y culpen a otros administraciones de sus propias decisiones políticas. Los ciudadanos no saben a quien tienen que pedir cuentas en según qué asuntos, lo que facilita enormemente los discursos victimistas y de corte nacionalista en las autonomías. La mayor parte del gasto público en España lo manejan las autonomías y los ayuntamientos, la mayor parte de ayudas europeas, la mayor parte de las competencias. Los ciudadanos merecen saberlo porque muchos se quedaron en la cultura franquista del estado que lo centraliza todo, el panorama ha cambiado con el Estado de las Autonomías. ¿Cómo llegar al ciudadano? Para trasladar cualquier mensaje alternativo hay que generar espacios de comunicación alternativos, medios audiovisuales, escritos, y plantear una labor política, estratégica y concienzuda. Se requiere una oposición política con instinto, que machaque en sus discursos dos o tres temas, no más, hasta normalizarlos en la sociedad, por repetitivos, coherentes e identificativos. La oposición necesita conectar emocionalmente con los ciudadanos para que éstos se identifiquen con sus mensajes.

Alguien tendrá que reunirse con colectivos y asociaciones ciudadanas, asociaciones de vecinos, organizaciones de comerciantes y pequeños empresarios, colectivos autónomos, para explicarles las consecuencias de la corrupción sobre la actividad económica. La corrupción, como el colesterol para la salud, es el peligro oculto y silencioso número uno del sistema económico. Crea castas, favoritos, enchufados, ciudadanos de primera (unos pocos) y de segunda (la mayoría). La corrupción crea injusticias, paro y desincetiva la inversión extranjera. Ocasiona peores servicios públicos y mayores subidas de impuestos. Haya crísis o no, es una cuestión de competitividad para nuestra economía. De justicia social. No podemos demorar un debate que va mucho allá de lo moral, es económico y social, y casi de identidad. ¿Qué economía queremos? ¿A quién queremos parecernos? No podemos incentivar a los pillos, a los corruptos, o a los corruptores porque entonces estaremos imitando a Venezuela, El Salvador o Costa Rica. Necesitamos controles, información y una oposición política de verdad. Hay que explicarse con claridad: al pensionista, al trabajador, al parado, a los jóvenes. El mensaje tiene que calar. De lo contrario no solo estaremos abocados a una economía estancada, precaria y con altas tasas de paro de por vida, sino abocados a repetir los mismos errores en el futuro, cuando la situación empiece a mejorar. Las nuevas generaciones merecen que les dejemos un mundo mejor, más justo, más limpio, más auténtico. Que no se detenga el progreso que hemos conseguido y logrado juntos como sociedad. Necesitamos un rearme moral sobre el que edificar un nuevo modelo de sociedad que deje atrás el siglo XX y nos devuelva al siglo XXI. No lo conseguiremos manteniendo códigos de conducta de siglos pasados. A ver si despertamos, y sobre todo en Murcia, de una vez ya.