CASO TÓTEM: REFLEXIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO POLÍTICO DE LOS CASOS DE CORRUPCIÓN.

Esta semana pasada, caliente judicialmente hablando, los ciudadanos de la Región de Murcia hemos aprendido muchas cosas. La operación Tótem no solo nos ha permitido conocer las tropelías urbanísticas que se negociaban en el ayuntamiento de Totana en convivencia con los señoritos del ladrillo, además ha servido de acicate para que las máscaras de nuestra clase política dirigente cayesen de una vez por todas en lo referido al tratamiento y gestión de los escándalos urbanísticos. Hemos podido comprobar como desde el Partido Popular se protege con celo a los supuestos corruptos, insistiendo en una presunción de inocencia que jamás aplicaron cuando la sospecha recaía sobre el rival político, donde además se da pábulo a una serie de teorías conspiranoicas, quien sabe si tomadas del ideario de los peones negros, para en definitiva poner en el filo de la navaja nada más y nada menos que a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de rebote a un Poder Judicial que, cuando conviene está politizado y cuando no es agua de santo. Muchos disparates se han dicho o insinuado estos días, algunos como mínimo merecen una consideración por la gravedad de las difamaciones, mensajes que ningún responsable político se puede permitir lanzar bajo ningún concepto a la opinión pública.

El despropósito se inicia en la opinión pública, resorte principal de las mentiras mediáticas de la clase política. Sale entonces a la palestra la eterna equidistancia, el "todos son iguales", la convicción asimétrica de que "los míos roban pero los otros también lo hacían", jerga populista interesada cuando conviene, utilizada y manida por los sucesivos gobiernos del GIL en Marbella como argumentario popular. Es la excusa del que han cazado con las manos en la masa, la justificación del supuesto delito, la coartada de la jugada. Estos días cualquier mención al espinoso asunto de Totana tenía como respuesta casos de hace 15 años como el GAL, Roldán o Filesa, resucitados por obra y gracia por quienes magullan a diario que la guerra de Irak es cosa del pasado cuando todavía deja decenas de muertos todos los días. Otros más avispados dicen que Totana no es el único municipio manchado de dudas y sombras, y en parte tienen razón, pero la pierden cuando señalan exclusivamente al municipio de Los Alcazares y no a otros como Murcia, Cartagena, Torre Pacheco o Archena, manifestando un claro interés político en la consideración por colores de la corrupción urbanística. Por último tenemos a los que más morro y cara gastan, herederos de las teorías del 11M, que directamente inventan teorías calenturientas que atentan contra la Constitución Española y nuestras instituciones democráticas. Y así, se siembran dudas sobre la Guardia Civil, hoy convertida por estos bocazas en una guardia personal para el presidente Zapatero, azote de la Región, en convivencia con una jueza a la que sin el menor rubor acusan, aunque sea indirectamente, de prevaricadora y sectaria. Entonces entran en juego los agujeros negros: ¿tendrá algo que ver que Bermejo es el candidato por Murcia para las elecciones generales? ¡Eureka! Todo encaja a la perfección. Seguro que la tarde del domingo se reunieron en Moncloa Zapatero y Bermejo para elegir a "boleo" un municipio murciano, gobernado por el PP, para armar un poco de escándalo. Entonces se montaría un dispositivo especial para ensuciar a los honorables alcaldes y diputados, incrustando maletines y documentos falsificados para inculparlos, comprando a las feminas del lugar con cargo a los fondos reservados para que implicasen a sus compañeros de cama, etc, etc. Este es el mundo feliz del Partido Popular y sus cuentos para no dormir.

Nadie puede decir que la corrupción se circunscribe a un solo partido político, como todavía afirma Zaplana, porque todas las opciones políticas tienen en sus filas imputados y condenados por la Justicia. Podríamos matizar cantidades, y en esto ganaría por mayoría absolutísima el Partido Popular, pero es mucho más significativo el tratamiento que unos y otros dispensan a los casos de corrupción que sumergen a la opinión pública. Por un lado las direcciones de los partidos tienen maneras contrapuestas a la hora de tomar medidas cuando una sospecha evidente se cierne sobre un cargo público. El PSOE suele responder de inmediato ejecutando la expulsión del partido de los cargos imputados, ejerciendo una tolerancia cero de facto y sin dilación. A su vez los votantes progresistas, por regla general, suelen castigar con dureza en las urnas a sus representantes en el poder si estos han cometido algún tipo de irregularidad, cuando no les hacen un vacío social en el municipio en cuestión convirtiéndolos en apestados. Sin embargo el procedimiento es radicalmente distinto cuando el cargo imputado pertenece al Partido Popular. Entonces la dirección del partido se enroca para defender la honorabilidad de los imputados alegando la presunción de inocencia o politizando las decisiones judiciales en claro desprecio a las instituciones democráticas. Esos alcaldes, concejales y cargos son apoyados sin fisuras y se procede a la demonización del denunciante y de la oposición, a quien acusan sin rubor de "dañar al pueblo". Sus votantes, a pesar de las condenas, acuden a las urnas a repetir papeleta, y los detenidos son jaleados a las salidas del juzgado como si de héroes de guerra se tratase. Si el implicado fuese un alcalde socialista hoy estarían incendiando la opinión pública y a buen seguro este tendría que huir del pueblo para poner a salvo su pellejo. Pero si es de los suyos, cuidado con decir algo, porque afirmarán que quieres hacer ensuciar el nombre del pueblo y que eres una mala persona por alegrarte del mal ajeno. En definitiva doble moral e hipocresía que no justifica equidistancia alguna porque insisto, corruptos hay en todas partes pero no todos somos iguales. Podemos hablar en un caso de una corrupción de personas versus a una corrupción generalizada por cuanto es amparada por dirigentes y votantes, responsables de que fulano o mengano repitan en sus puestos de servicio público a pesar de condenas e imputaciones. Los hechos y la experiencia apuntan en este sentido.

Desde el ámbito político nacional hasta la local podemos encontrar numerosas diferencias entre populares y socialistas. Cuando Aznar gobernaba la nación las Fiscalías Anticorrupción fueron desmanteladas por falta de presupuesto y el número de Policías y Guardias Civiles descendió alarmantemente al albur del fomento de la seguridad privada, ahorcando los mecanismo de control sobre el poder político. Hoy, con un gobierno socialista, se han multiplicado las Fiscalías Anticorrupción, se las ha dotado de presupuesto y medios, se han aumentado considerablemente los efectivos de Policía, y además se ha apostado por crear unidades especiales de la Guardia Civil contra la corrupción urbanística. No me parece de recibo afirmar que "todos son iguales". Si descendemos a la arena regional y local podemos aventurar algunas diferencias. Frente a la protección que dispensa el Partido Popular a imputados por la Justicia, por ejemplo en el caso del alcalde de Águilas reelegido candidato para la alcaldía cuando días antes Valcárcel prometía que expulsaría a cualquier imputado por la Justicia, tenemos a una ejecutiva socialista que ha depurado responsabilidades políticas en varios feudos donde existían dudas sobre la gestión municipal, aún sin imputaciones judiciales. Es el caso del ayuntamiento de Los Alcazares, donde dos alcaldes han sido "invitados" a dimitir sin que ningún juez haya dirimido sobre las acusaciones planteadas. Incluso el sustituto de Escudero, Martinez Meca, fue obligado a dejar el cargo pocos meses después por un montaje periodístico que el Fiscal demostró falso. Pero hubo sospechas y este señor dimitió, gesto que dignifica la política. No conforme la ejecutiva socialista con meter mano en el municipio costero, se atrevieron con un tal Navarro en Lorca que les dispensaba mayorías absolutas por doquier; una vez más primó la regeneración de la vida pública y los socialistas entendieron que la gestión de este alcalde no fue del todo transparente a pesar de que su persona garantizaba muchas victorias en las urnas. Hoy, en ese consistorio, el urbanismo es asesorado, bajo un gobierno del PP, por un imputado por el escándalo de La Zerrichera. Tampoco es de recibo decir que "todos son iguales".

Todas las miradas deben dirigirse al presidente Valcárcel, que debe decidirse entre persistir en su enrocada defensa de los imputados ó ceder al sentido común para expulsar a sus militantes implicados en escándalos de corrupción. Solo le pedimos que aplique el código deontológico del Partido Popular y sea coherente con sus manifestaciones públicas. Si no se decide por desaforar al diputado Morales y por cesar al alcalde de Totana estará cargando sobre sus espaldas la responsabilidad política de lo que los jueces decidan respecto a sus cargos. Idem para Mariano Rajoy, Angel Acebes y Miguel Angel Cámara: el silencio cómplice y la inacción les delata. Darán lugar entonces, de persistir en esta sinrazón, a que muchos ciudadanos nos preguntemos si acaso esta tibieza se debe a que los imputados saben y conocen cosas que pueden resultar comprometidas para las altas esferas, que no se actúa con contundencia por miedo a que alguien cante algo que no debe cantar. Entonces muchos entenderíamos muchas cosas pero no por ello dejarían de repugnarnos. Porque con la corrupción, sea del color que sea, hay que tener tolerancia cero. Mientras tanto todos, todos serán sospechosos por omisión. Responsabilidades políticas ya por favor.

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