Siguiendo con la crónica judicial respecto al caso de La Zerrichera, hoy ha sido el turno de los ex-directores generales de Obras Públicas y del alcalde de Aguilas Juan Ramirez Soto junto a un antiguio concejal del PP de ese mismo ayuntamiento con intereses en la venta del terreno. Solo el regidor ha querido hacer declaraciones a los medios, eso sí, con el ánimo decaído y con la mirada contrariada. Jugosas declaraciones por cuanto nos anticipan las cartas que cada uno va a jugar: Ramirez jugará a echar la culpa a la comunidad autónoma y al gobierno regional.
El alcalde de Águilas ha declarado que ha defendido ante su señoría la actuación de su ayuntamiento pero preguntado sobre si cree en la legalidad de las actuaciones de las Consejerías implicadas se ha quedado mudo y ha dicho que eso se verá pero que él solo está seguro de la carga que le corresponde. Si a Ramirez Soto le queda un gramo de inteligencia tiene y debe cantar todo lo que sabe; porque el Fiscal puede que tenga pruebas concluyentes y en estos casos, colaborar con la Justicia es lo más responsable. ¿Juan te habrán engañado? ¿Se habrán reído los de arriba de tí? ¿Habrán pensado "este paleto lo firma todo"?
Las mismas preguntas podríamos dedicarle al señor Alvarado. Si se demuestra que ha cometido alguna ilegalidad pueden inhabilitarlo de por vida y la multa puede ser de órdago. No se sabe hasta qué punto el Fiscal puede tener pruebas de otros supuestos delitos referidos al ex-director general de Medio Ambiente. Pero la pública fortaleza de Alvarado se explica en que le han podido dar garantías de que su vida quedará resuelta y que su futuro está atado si continua fiel al partido. Algunos rumores apuntan a que el propio partido podría hacerse cargo de las fianzas si las hubiese y que Alvarado tendría un lugar destacado con sueldo generoso en los órganos del Partido Popular. No lo descarten.
El Fiscal a buen seguro debe tener en cuenta que el "pressing" solo será válido si la pena es de cárcel. Los que no tengan la sombra del cohecho o la falsificación de documento público, aguantarán estoícos. No conozco las cartas del Fiscal pero debe saber donde está la molla. Sabemos que los objetivos no son 4 directores generales que no hacen nada si su Consejero no firma u ordena, tampoco sin que a su vez el presidente dé al visto bueno. Todos recordamos como Valcárcel dijo en sede parlamentaria que puede demostrar aquí y en Sebastopol que La Zerrichera es legal. Señor Fiscal, suba para arriba y apriete el botón de los que están lubricados y querrán salvarse de la quema como sea porque les queda una pizca de honor.
Por otro lado no podía dejar de comentar la noticia que ayer publicaba el diario de La Verdad: Murcia se deja sin hacer casi la mitad de las actuaciones previstas en el Plan de Vivienda. La Región es, con un 61%, la comunidad española con el menor grado de cumplimiento durante el 2006. El gobierno regional, que curiosamente no ha hecho ningún pronunciamiento sobre el proceso de La Zerrichera, tampoco sabe/contesta sobre este asunto. Están perdidos en combate. Saben, confían, en que tienen a la población muy adormecida y que besamos el suelo que ellos pisan. Es lo más triste de toda esta historia. El pueblo está secuestrado, tan secuestrado como estaba Marbella con Gil. Y es que de aquellos lodos...
PD: me parece un auténtico coñazo la actualidad nacional. Ha sido una semana aburrida entre la puñetera descoordinación del gobierno, las pataletas de El País con Mediapro y las fantasmadas de Rajoy. Nada nuevo bajo el sol. A ver si la semana que viene sube el nivel.
Comentarios.
11 comentarios:
En San Esteban debe estar sudando la gota gorda porque el poder judicial va a tocar hueso pronto, comparto tu análisis peperufo pero me pregunto, lo veremos antes de las elecciones?
estoy deseando que alguno se las vea a oscuras en sangonera xD
El Juzgado de Murcia también se encargará de la denuncia por cohecho sobre La Zerrichera
Los implicados en el caso de La Zerrichera continúan prestando declaración. Murcia
El Juzgado de instrucción número 3 de Murcia ha aceptado la competencia del procedimiento abierto tras la denuncia del Ministerio Fiscal el 8 de febrero por presunto cohecho en el caso de La Zerrichera, después de que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Lorca se inhibiera, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJRM).
EUROPA PRESS Este procedimiento se acumula al que ya instruye el magistrado Antonio Alcázar en relación a La Zerrichera, por la querella presentada por el fiscal jefe del TSJRM.
Este procedimiento se abrió cuando el concejal socialista en Águilas, Ramón Román, acusó al que por entonces era compañero de grupo, Pedro Gil, de intentar sobornarlo en nombre del empresario propietario de La Zerrichera para que favoreciese votara a favor de sus intereses urbanísticos.
HOLA PEPERUFO, CUANTO TIEMPO SIN ESCRIBIRTE, VEO QUE SIGUES EN FORMA CRACK, DALES CAÑA A TOPE, DALES CAÑA!!!!
REXER compañero, se te echaba de menos. Espero que todo te vaya bien. Sumate que te necesitamos.
Un abrazo ;D
LAS CLAVES DEL ESCÁNDALO DE LA ZERRICHERA
«El alcalde me dijo que le rebanaban la cabeza si no se reabría La Zerrichera»
Un testigo apunta que Juan Ramírez confesó en una reunión que le estaban presionando El primer edil, que niega este extremo, no atendió las advertencias sobre posibles ilegalidades
MANUEL BUITRAGO/
«El alcalde me dijo que le rebanaban la cabeza si no se reabría La Zerrichera»
El juez del 'caso Zerrichera' asume la investigación del intento de soborno
Ramírez: «Voy a colaborar con la Justicia»
Para la opinión pública, algunas piezas que quedaban sueltas del puzzle de La Zerrichera parecen ir encajando conforme se van conociendo algunos detalles de los políticos, técnicos y funcionarios que participaron en diverso grado, y con diferencia de criterios, en la tramitación de esta urbanización, por el momento, fallida.
El escándalo ha pasado con sobresaliente el examen de las urnas, toda vez que el PP regional obtuvo más votos en las recientes elecciones y el alcalde de Águilas un concejal más. No obstante, queda el recorrido legal de la querella que presentó el fiscal jefe del TSJ, Manuel López Bernal, contra cinco ex altos cargos regionales, el alcalde de Águilas y un ex concejal. Una querella que estos días instruye el Juzgado número 3 de Murcia y que tiene como telón de fondo la paralización cautelar que ha acordado recientemente el Tribunal Superior de Justicia.
Los datos recabados por La Verdad apuntan a que el expediente para recalificar los terrenos, que están protegidos como LIC y ZEPA, se reabrió desde la Consejería de Medio Ambiente -concretamente desde la Dirección General de Calidad Ambiental- y que el alcalde pudo recibir presiones para levantar el archivo del convenio con el Grupo Hispania, según apuntan en sus declaraciones algunos testigos. En Águilas, funcionarios y técnicos daban por hecho que la urbanización iba a tener luz verde, pese a que había un informe negativo de la Dirección General del Medio Natural. Se intuyó incluso siete meses antes de que se aprobara la declaración de impacto ambiental.
LA VUELTA A LA TORTILLA
Presiones sobre el alcalde
El expediente para recalificar los terrenos de La Zerrichera había sido archivado por el Pleno municipal el 28 de diciembre del 2004, dejando sin efecto el convenio urbanístico suscrito entre el Ayuntamiento de Águilas y el Grupo Hispania propiedad de Trinitario Casanova, a quien se le devolvió incluso el dinero que había adelantado. La razón estribaba en que los terrenos estaban protegidos y no eran urbanizables, según un informe inequívoco de la Dirección General de Medio Natural de la Comunidad Autónoma.
Muchas cosas sucedieron a partir de ahí -entre enero y marzo del año 2005- para que el alcalde de Águilas, Juan Ramírez Soto, del Partido Popular, llamara un día a su despacho al secretario del Ayuntamiento, José Luis Pascual Martínez, quien se encontró en la estancia al arquitecto municipal, José Espín Cánovas, y a la jefa de Planeamiento Urbanístico, Mari Carmen Martínez Muñoz.
El asunto a tratar era peliagudo y el alcalde necesitaba consejo: ¿Se podía reabrir de nuevo el expediente de La Zerrichera? La respuesta del secretario general fue que el Ayuntamiento debía respetar los acuerdos tomados en el Pleno, y que en caso contrario se debían explicar los motivos que justificaran el cambio que se pretendía.
Desde el punto de vista formal, la reapertura no tendría inconveniente legal, y se entendía que se debía tramitar un nuevo expediente, y no seguir con el ya iniciado. En todo caso, se trataba de una decisión política que escapaba a los técnicos y funcionarios y que quedaba por lo tanto sobre las espaldas del primer edil.
Lo más relevante vino a continuación, cuando en esa misma reunión se le preguntó al alcalde por los motivos para reactivar el proyecto urbanístico. Juan Ramírez contestó que «había sufrido presiones, que se estaba jugando el puesto y que le rebanaban la cabeza» [si no lo hacía]. Así lo relata uno de los participantes en ese encuentro.
El alcalde Juan Ramírez rechaza sin embargo que hubiera recibido presiones, y que hubiera hecho saber a sus técnicos en la mencionada reunión que peligrara su puesto y su futuro político.
UN PLENO POLÉMICO
Advertencias de ilegalidad
El Ayuntamiento de Águilas era en aquellos meses un hervidero. No era para menos, después de dejar en la estacada una urbanización de 4.000 viviendas de lujo, el campo de golf y el hotel del Grupo Hispania. Se comentó incluso que después de archivarse el convenio habían acudido a Águilas dos consejeros a entrevistarse con el alcalde para interesarse por el proyecto de Trinitario Casanova. Unas visitas que nadie confirma, y que además niega el alcalde, y que pudieron repetirse una semana después.
El alcalde Juan Ramírez revalidó su cargo en las recientes elecciones municipales, incluso con un concejal más pero sin alcanzar la mayoría. La polémica y el escándalo que han rodeado al proyecto de La Zerrichera no ha hecho mella entre sus electores. Ni siquiera sabiéndose que había sido imputado por el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) por varios delitos.
Al margen de las supuestas presiones que el niega y que entran más en la esfera política, Juan Ramírez, sin embargo, sí tendrá que aclarar otras decisiones suyas y de su grupo municipal en el juzgado número 3 de Murcia que instruye el caso.
Por ejemplo, por qué la Comisión Informativa de Urbanismo del 20 de octubre del 2005 decide elevar al Pleno la aprobación provisional de La Zerrichera sin tener sobre la mesa la declaración de impacto ambiental que debía emitir la Consejería. Los concejales y técnicos que acudieron a dicha Comisión no tuvieron oportunidad de examinar ni de informar sobre la recalificación de los terrenos que se pretendía. Fue una presunta infracción legal que no respetó el artículo 23 de la Constitución.
Asimismo, y abundando en esta supuesta infracción, el alcalde convocó el Pleno que debía aprobar La Zerrichera el 24 de octubre, sin que se hubiera emitido aún la declaración de impacto favorable por parte de la Dirección General de Calidad Ambiental. De hecho, la notificación favorable a la recalificación llegó por una vía inesperada: un fax que entró en el Ayuntamiento a las 21:34 horas de ese mismo día, y al parecer sin registro de salida de la Consejería.
El alcalde fue aconsejado para que retrasara un día la fecha de la convocatoria, con el fin de que estuvieran todos los expedientes completos -faltaban los de La Zerrichera y otros dos más-, pero Juan Ramírez se negó y mantuvo la fecha de convocatoria del Pleno que se celebró el día 27.
UNA FIRMA EXTRAÑA
Más anomalías
El alcalde tampoco atendió un tercer aviso del secretario general del Ayuntamiento, quien el mismo día del Pleno dirigió un oficio a la alcaldía para que se dejara sobre la mesa La Zerrichera, debido a que tenían defectos de forma y fondo. Curiosamente, antes del Pleno, el alcalde se reunió con los concejales de su grupo y también con Pedro Gil, concejal socialista que luego se ausentó de la sesión, junto con otros ediles de su partido, para no votar en contra de La Zerrichera. Esto les valió días después la expulsión sumarísima del PSOE.
La Zerrichera se aprobó mediante una declaración de urgencia que se acordó en el mismo Pleno. Como remate, existen supuestamente otras anomalías en la certificación de aquel Pleno, puesto que no llevaba la firma del secretario general, sino de otra persona. Este extremo también corresponde aclararlo al juez instructor.
Entre técnicos y funcionarios de Águilas existía la convicción de que al menos el alcalde ya conocía extraoficialmente que la Consejería de Medio Ambiente, por entonces en manos de Francisco Marqués, iba a informar favorablemente para recalificar los terrenos de La Zerrichera y facilitar la urbanización de la zona. De otra forma no parecían explicarse las decisiones y la celeridad de los trámites. Y, al tiempo, avalaría el hecho de que la Comisión Informativa de Urbanismo propusiera la aprobación en el Pleno (previa recepción del estudio de impacto) y que el Pleno en cuestión se convocara antes de que se firmara y notificara formalmente el estudio de impacto por parte de Antonio Alvarado, director general de Calidad Ambiental, y de su segundo, Juan Ignacio Sánchez Gelabert.
OTRA CITA EXTRAÑA
Primero blanco y después negro
Las advertencias del secretario general del Ayuntamiento sobre las supuestas irregularidades fueron compartidas también por la jefa de Planeamiento Urbanístico de Águilas, Mari Carmen Martínez Muñoz. Ésta opinó igualmente que el punto del Pleno que trataba sobre La Zerrichera debió anularse y dejarse sobre la mesa por cuanto no estaba disponible la documentación en el momento en que se hizo la convocatoria.
Para Martínez Muñoz, además, era la primera vez, en sus años como jefa de Planeamiento, que llegaba al Ayuntamiento de Águilas un oficio de la Dirección General de Calidad Ambiental, con fecha del 28 de abril del 2005, advirtiendo de que era el órgano competente para realizar el estudio de impacto de La Zerrichera, y no la Dirección General de Medio Natural que ocho meses antes había prohibido urbanizar la zona.
Para que no le cupiera ninguna duda, Martínez Muñoz y el arquitecto municipal fueron citados telefónicamente a la Dirección General de Calidad Ambiental -en lugar de recibir un oficio-, donde una secretaria con rango político les comunicó que eran ellos competentes en el caso. Ambos estaban hechos un lío, o cuanto menos extrañados: Medio Natural había dicho que la urbanización era inviable; mientras que Calidad Ambiental -la dirección general hermana- ordenaba ocho meses después que se reabriera el expediente.
UNA CARTA A TRINITARIO
El alcalde le dice que sí hay convenio
Después de salir del despacho del fiscal jefe, el 23 de enero pasado, el alcalde de Águilas descargó la responsabilidad de La Zerrichera sobre «Murcia», en referencia a las consejerías de Medio Ambiente y de Obras Públicas que habían aprobado el estudio de impacto y la recalificación de los terrenos mediante la modificación del Plan General de Ordenación Urbana. Lo que siempre ha tenido claro Juan Ramírez es que las instrucciones para reactivar el expediente del Grupo Hispania le llegaron de la Dirección General de Calidad Ambiental de Antonio Alvarado.
Juan Ramírez se ha escudado asimismo en los técnicos y en su floja memoria para tratar de sortear las puntos más comprometidos, salvo que su perspectiva de los hechos le haya hecho cambiar en los últimos meses.
La apreciación de que la decisión política de aprobar la urbanización ya se había tomado desde algunas instancias, pese a que el expediente había sido archivado por el Ayuntamiento, se basa en un escrito que envió el propio alcalde al empresario Trinitario Casanova, promotor de La Zerrichera. Ya no se trataba de la intuición de los técnicos y funcionarios municipales, sino de un oficio de la alcaldía. El 26 de abril del 2005, el dueño del Grupo Hispania se dirigió al alcalde para interesarse por la situación del convenio urbanístico, y saber si éste se encontraba todavía en vigor.
Ese mismo día, el alcalde le contesta al promotor que el convenio «no ha sido derogado expresamente por el órgano que lo aprobó, por lo que sigue en vigor» a expensas de lo que decida la autoridad ambiental. La respuesta del alcalde se produjo, además, dos días antes de que Antonio Alvarado le notificara formalmente que se había reactivado el expediente y que su oficina era la competente para realizar la evaluación ambiental. De igual manera, dos días antes del oficio de Alvarado, el Ayuntamiento le envió a este director general una copia del proyecto.
Dicho oficio no consta, al parecer, en el expediente del caso remitido a la Fiscalía del TSJ; como tampoco la carta que le envió el alcalde a Trinitario Casanova diciéndole que el proyecto de urbanización seguía vivo.
A VELOCIDAD DE VÉRTIGO
Un fax que llegó de noche
El alcalde de Águilas mantiene la legalidad de sus actuaciones. Considera además que los acontecimientos ocurridos en octubre del 2005 y que desembocaron en la aprobación por el Pleno del proyecto de la Zerrichera -diez meses después de que lo hubiera archivado la misma Corporación- no contienen irregularidades. Al parecer, se considera una práctica habitual que en algunas comisiones informativas no estén todos los documentos disponibles.
La secuencia vivida en el Ayuntamiento de Águilas fue vertiginosa: 1) El alcalde convocó el Pleno la misma tarde del día en el que le llegó por fax el estudio de impacto, aunque el rastro de entrada fuera a las 21:34 horas. 2) Ese estudio llevaba fecha del día 25 y estaba refrendado por Sánchez Gelabert. 3) El día 25 le llegó la declaración formal de impacto firmada por Antonio Alvarado, aunque con fecha del 24. 4) El alcalde convoca el Pleno el día 24, para que se celebre el 27. Eso permitió a los concejales disponer el día 25 de la documentación, para respetar de esta forma el plazo de 48 horas que requiere la ley.
Diez días antes, Trinitario Casanova recibió de la mercantil Inverlur -perteneciente a La Kutxa (Caja de Ahorros de Gipuzkoa y San Sebastián)- 23,2 millones de euros como primer pago y anticipo por la compra de La Zerrichera. El segundo pago de 105 millones lo recibió en febrero del 2006, quince días después de que el consejero de Obras Públicas Joaquín Bascuñana aprobara definitivamente la recalificación de los terrenos. 1) 2) 3)
Trinitario tendrá que ir a declarar ante el juez...jejejeje
¿Cómo está el señor Trinitario? ¿Bien, tranquilo, relajado? ¿Ya no va a los toros? Queremos más fotos con el "conse" Bascuñana, ahora dedicado a las viejecitos y a los huerfanitos.
Leo solo El Faro de Murcia, en su edición digital y no he encontrado ni una sola reseña de las declaraciones de Alvarado, Ramirez y Cía. ante el Juez.
Si alguien de por aquí, lee la edición en papel..., ¿tendría la amabilidad de confirmarme si "en papel" el periódico de D. Trinitario "ignora" lo que está pasado en el Juzgado?
Gracias anticipadas y felicidades a tí, peperufo, "mostruo de los blogs"
El Sr. Trinitario, como empresario del caso de La Zerrichera, está llamado a declarar ante jueces y fiscales, ¿también lo silenciará en su periódico?.
Polaris y Trinitarios: la misma porquería.
Mientras los ciudadanos no entiendan que los políticos trabajan para los empresarios y no para el desarrollo de nuestros pueblos, nada cambiará nuestro "estado del bienestar".
LA ZARABANDA
Yo a Polaris y tú a California
GARCÍA MARTÍNEZ/
Fíjese el lector si lo que hoy le traigo a colación tendrá importancia, que ya los americanos hicieron una película titulada: Yo a Boston (o sea Polaris) y tú a California.
El empresario Pedro García -que no se anda por las ramas- acaba de añadir a la lista de fichajes notorios de Polaris al señor De la Cierva, que fue segundo de Valcárcel, si se me permite decirlo así, hasta el final de la legislatura anterior.
Hemos llegado a un punto en que se puede adivinar a quiénes contratará Polaris, con sólo echar un ojo a la lista de altos cargos de la Administración regional. O sea que ya me veo a los recién aterrizados, Pedro Alberto Cruzy De las Heras -por nombrar sólo a dos conspicuos- metidos en la nómina de la vigorosa empresa murciana.
Se me ocurre a mí que esto no es malo, sino todo lo contrario. Con esta cosecha de importantes recolectada por Pedro García, lo que se demuestra es que los nombramientos que hace Valcárcel están más que justificados. Ya se sabe que el capital sólo paga a los mejores. De ahí que quienes son estupendos para la empresa privada, se supone que lo fueron también para la política. Digo yo.
A mis cortas luces, esto sólo tiene un peligro. Y es que los notables que designa el PP para gobernarnos, se pasen el tiempo que dure su gobernación pensando en Polaris. Lo cual, se mire como se mire, ocasionaría graves perjuicios a los ciudadanos.
Ya se ha dado el caso -me cuentan- de que algún político se dirija a Ramón Luis llamándole Pedro. Mi consejo es que cada vez que eso suceda, el presidente debe cesar de inmediato al autor de tan lamentable lapsus. Y si ese lapsus ocurriera delante de otras personas, lo que tiene que hacer además es tirar al tío por la ventana de San Esteban.
De todo esto se deriva que aquellos que estén buscando que los contrate Polaris, lo tendrán mucho más fácil si se meten primero en política. Y quien dice Polaris dice Iberdrola, donde luce ahora con no sé cuantísimos voltios mensuales, más incentivos, el ex consejero Patricio Valverde.
Como es natural, las agencias de colocación andan mosqueadas y acusan al presidente Valcárcel de competencia desleal. Pero, amigo, las cosas son como son. Y, aquí, el que no corre vuela.
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