LA FISCALÍA DENUNCIA UN NUEVO CASO DE PPCORRUPCIÓN.














ESPAÑA La Fiscalía denuncia al alcalde de Alicante y a dos ediles por malversación de fondos.

Efe. Alicante.

La Fiscalía ha denunciado al alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi (PP), la concejal de Urbanismo, Sonia Castedo, y el de Tráfico, Luis Concepción, por supuestos delitos de prevaricación y malversación, entre otros, en la adjudicación de tres aparcamientos subterráneos al empresario Enrique Ortiz.

En la denuncia, remitida el lunes al Decanato de los Juzgados de Alicante, el fiscal Anticorrupción de la provincia, Felipe Briones, también aprecia indicios de falsedad documental, tráfico de influencias y apropiación indebida, y acusa al jefe del Departamento Técnico de Tráfico y Planificación Viaria, Antonio Escobedo, y al propio promotor.

Según consta en la misma "ante la solicitud por parte de la adjudicataria de la modificación del contrato suscrito con el Ayuntamiento y su sucesiva denegación por las instancias técnicas competentes, existió un concierto entre el alcalde, la concejal de Urbanismo y el de Tráfico con la exclusiva intención de conferir al adjudicatario mejoras respecto al contrato inicial".

La investigación, que cifra las pérdidas sufridas por el Ayuntamiento en, al menos, 2.268.060 euros, se inició el pasado mes de febrero, después de que el dirigente vecinal José Luis Valdés presentara una denuncia en noviembre de 2005.

Esta se refería a la modificación del contrato administrativo de construcción y explotación de los estacionamientos de las avenidas Catedrático Soler, Padre Esplá y la calle Hermanos López de Osaba.

El concurso había sido convocado el 7 de mayo de 2002, y los dos ingenieros de la Concejalía de Urbanismo fueron designados como directores facultativos del contrato y de supervisión de las obras.

Un único licitador

Ortiz e Hijos SA, único licitador, presentó una oferta de 14.950.000 euros en total para la ejecución de los tres estacionamientos, y el Pleno del Ayuntamiento le adjudicó el contrato el 17 de enero de 2003.

No obstante, la mercantil presentó después los proyectos con modificaciones que incluían incrementos del 29,97% en el presupuesto del aparcamiento de Catedrático Soler, del 11,50 en el de Padre Esplá y del 20,11% en el de López de Osaba.

Además, aumentaba de 40 a 50 años el plazo de explotación, reducía el canon que debía pagar al Consistorio e incrementaba las tarifas y el plazo de ejecución de las obras.

Los técnicos de Urbanismo rechazaron todos estos cambios, al igual que hizo después el jefe del Servicio de Economía y Hacienda, Pablo Ortiz, y el de Contratación y Patrimonio, José María Simón.

Según el fiscal, "lo habitual hubiera sido que la concejal hubiera firmado la propuesta y la hubiese enviado al Pleno, pero no lo hizo y no fue, por tanto, tramitada".

Por su parte, el 14 de enero de 2004, el alcalde firmó un decreto por el que sustituía en la dirección del contrato a los ingenieros de Urbanismo por el jefe del Departamento Técnico de Tráfico, el denunciado Antonio Escobedo.

Este último, "en cumplimiento de instrucciones verbales de su concejal", Luis Concepción, tal y como argumenta Briones en su escrito, firmó un informe el 28 de febrero de 2005 en el que apreciaba "circunstancias imprevistas" y "necesidades nuevas" en los proyectos.

De este modo, el nuevo director facultativo del contrato autorizó un sobrecoste en las obras de 3.341.291 euros y aumentó el plazo de concesión en siete años y diez meses.

Entre las "necesidades nuevas" detectadas se mencionaba la sustitución en el aparcamiento de López de Osaba de los muros tradicionales previstos por muros pantalla, tanto por motivos geotécnicos como de seguridad.

Finalmente, la Junta de Gobierno Local aprobó las modificaciones en sendas sesiones celebradas el 14 de junio y el 4 de julio del pasado año.

El fiscal Anticorrupción ha constatado a través de la Policía Judicial que en el aparcamiento de López de Osaba no se han usado muros pantalla, una de las mejoras alegadas para justificar los cambios en el contrato.

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