REFLEXIÓN SOBRE LA CORRUPCIÓN URBANÍSTICA: MURCIA Y MARBELLA, MARBELLA Y MURCIA.



Murcia y Marbella

En los últimos años, el Gobierno regional murciano se ha dedicado a difundir machaconamente, con el dinero de todos los contribuyentes, una serie de eslóganes publicitarios («Agua para todos», «Murcia paraíso natural», etc.) destinados a ocultar las deficiencias de su propia gestión y a acallar las voces críticas de la oposición política y las organizaciones ciudadanas, que vienen exigiendo un cambio de rumbo en nuestro modelo de desarrollo (bajo el lema «Murcia no se vende»), y que recientemente han reclamado a todos los partidos políticos y al conjunto de la sociedad murciana un «compromiso por la Región».

Pero la frase que refleja realmente la situación de nuestra Región no procede del Gobierno regional del PP, ni de las organizaciones ciudadanas, sino de un personaje que durante años compaginó con total impunidad la gestión pública y los negocios privados. Me refiero a la frase «Murcia es la hostia», pronunciada privadamente, en una conversación telefónica interceptada por la policía, por el empresario murciano Juan Antonio Roca, cerebro de la trama de corrupción urbanística que tenía su centro en el Ayuntamiento de Marbella y extendía sus redes por otras ciudades y comunidades autónomas, entre ellas la Región de Murcia. Recientemente, tras el levantamiento del secreto sumarial de la Operación Malaya, hemos comenzado a conocer su participación en el caso Lo Poyo.

El significado de la expresión de Roca se comprende muy bien por el contexto de la conversación y por el destinatario al que va dirigida, el promotor madrileño Ismael Pérez. El mensaje de Roca a su amigo es muy claro: la Región de Murcia es un verdadero paraíso para la especulación inmobiliaria y la corrupción política. Este mensaje refleja por sí solo la situación real de nuestra comunidad autónoma, con una claridad sin tapujos que contradice los mendaces discursos oficiales y con una gráfica concisión que condensa en cuatro palabras todos los estudios e informes (como el Informe 2003 y el Informe 2006 del Foro Ciudadano) que han denunciado la gravedad del problema.

Se ha escrito mucho sobre el cáncer de la especulación inmobiliaria y sobre los costes de todo tipo que está provocando: económicos, sociales, ambientales y políticos. La suma de todos estos costes es tal que la bomba inmobiliaria se ha convertido en el problema más grave de España. Lo han dicho numerosos expertos y organismos nacionales e internacionales, y lo han dicho también numerosos ciudadanos de a pié, a través de las 69 asociaciones ciudadanas agrupadas en la Coordinadora La Región de Murcia no se Vende, y las 600 asociaciones agrupadas en la Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio, de ámbito estatal. En este artículo, me limitaré a subrayar los costes políticos.

En el caso paradigmático de Marbella, toda la atención pública se ha centrado en los protagonistas de la trama de corrupción dirigida por Roca, es decir, en las personas imputadas por el juez Torres: alcaldes, concejales, funcionarios, empresarios, abogados, notarios y una célebre cantante. Pero no se ha prestado la debida atención al hecho de que los cargos políticos actualmente imputados fueron elegidos por sus conciudadanos durante cuatro legislaturas consecutivas, a pesar de las muchas denuncias que pesaban sobre ellos. Esto quiere decir dos cosas: que la carrera política y el apoyo electoral se habían convertido en una vía para amparar el delito y eludir a la justicia; y que la tolerancia y connivencia con la corrupción estaban ampliamente extendidas entre los marbellíes. En otras palabras, que la democracia en Marbella se había colapsado por completo. Precisamente por eso, tuvo que ocurrir algo sin precedentes en la democracia española: la suspensión de toda la corporación municipal por parte del Gobierno central y su procesamiento por parte de la justicia penal. Esa es la gran virtud de la separación de poderes, los célebres contrapesos de los que hablaba Montesquieu, sin los cuales no hay verdadera democracia.

El caso de Marbella debería llevarnos a reconocer que la especulación inmobiliaria y la corrupción política son hoy el haz y el envés de un fenómeno que constituye el problema más grave de la democracia española, y que amenaza a sus instituciones más básicas: los municipios y las comunidades autónomas. El gobierno de Zapatero ha dado pasos importantes (nueva Ley del Suelo, nueva Ley de Financiación de los Partidos, más controles medioambientales, reforzamiento de la Fiscalía, etc.), pero son insuficientes. Además, hay que implicar también a las comunidades autónomas y a los municipios. Por eso, considero muy acertada la propuesta de Llamazares: es necesario un gran pacto de Estado para luchar de manera firme y coordinada contra la especulación y la corrupción.

Ahora que vamos a celebrar elecciones municipales y autonómicas, conviene recordar el ejemplo de Marbella. El PP, bajo la dirección del señor Rajoy, ha adoptado dos estrategias que pueden serle muy beneficiosas electoralmente, pero que van en sentido contrario a lo que España necesita. Por un lado, ha tratado de convertir estas elecciones en unas primarias de las generales, haciendo de la política antiterrorista contra ETA un arma arrojadiza contra Zapatero, y evitando así que se debata sobre los muchos problemas locales y autonómicos, y en particular sobre el grave problema de la especulación y la corrupción, que afecta sobre todo a varias comunidades gobernadas por el propio PP, como la Región de Murcia. Por otro lado, ha seguido la misma estrategia que utilizó el GIL en Marbella: presentar como candidatos a muchos cargos políticos imputados (entre ellos, varios alcaldes de la Región, pese a las promesas de Valcárcel), con el objetivo de que las urnas legitimen y socialicen la corrupción.

En apenas año y medio, tenemos en la Región de Murcia once ayuntamientos (la cuarta parte del total regional) y el mismísimo Consejo de Gobierno en pleno, con Valcárcel a la cabeza, investigados por la justicia, y nada menos que 22 cargos del PP y funcionarios imputados por la Fiscalía del TSJ de Murcia: 9 alcaldes, 7 concejales, 2 ex-concejales, 2 arquitectos municipales, 1 secretario municipal y 7 altos cargos del Gobierno regional. El cerebro de la trama marbellí, Juan Antonio Roca, sabía muy bien de lo que hablaba cuando dijo que Murcia es la hostia. Si las próximas elecciones del 27-M convalidan de nuevo en el poder a la actual clase dirigente murciana, como pronostican las encuestas, habremos dado un paso más en la estrategia de legitimación y socialización de la corrupción política. Y entonces tendremos más motivos para exigir que vuelvan a funcionar, como en Marbella, los contrapesos democráticos del Estado de Derecho.

Antonio Campillo es presidente del Foro Ciudadano.