"VALCÁRCEL SE AHOGA EN UNA BALSA DE CORRUPCIÓN"




El Gobierno murciano, investigado por la Fiscalía Anticorrupción

PSOE: "Valcárcel se ahoga en una balsa de corrupción"

FRANCISCO M. MARTÍNEZ / VEGAMEDIAPRESS

No hay ningún precedente anterior en España a la investigación que está llevando a cabo la Fiscalía Anticorrupción, por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, que afecte directamente a todo un Gobierno autonómico como es el caso del que preside Ramón Luis Valcárcel (PP) en la región de Murcia. La reacción de los socialistas no se ha hecho esperar y ha pedido la comparecencia urgente de Valcárcel en la Comisión Permanente de la Asamblea Regional.

El Gobierno autonómico murciano se gastó 5,4 millones de euros en descontaminar una balsa de minerales estériles propiedad de la empresa Portmán Golf S.A., cuando esta acción le corresponde por ley a esta empresa y no a ningún Gobierno. Posteriormente el Ejecutivo murciano pagó a la misma empresa otros 2,72 millones de euros por depositar los mismos estériles en otra balsa a escasos metros de la anterior y también propiedad de la misma empresa. Tales decisiones fueron adoptadas por el Gobierno en pleno de Valcárcel, que se presenta a su cuarto mandato en las elecciones del 27-M, después de doce años de mayorías absolutas.

Empresarios ligados al urbanismo

Las instalaciones mineras de la Unión fueron adquiridas a principios de 1990 por los empresarios cartageneros ligados al urbanismo Mariano Roca Meroño y Alfonso García Sánchez, que constituyeron la empresa Portmán Golf, cuando desapareció totalmente esta actividad en la zona después de veinte siglos de existencia.

5,4 millones de euros

La minería en La Unión había originado en sus últimos treinta años la mayor contaminación y el mayor desastre ecológico conocido en el Mediterráneo, al verter unos 60 millones de toneladas de estériles de metales pesados que colmataron por completo la bahía de Portmán. La misma actividad minera asimismo había colmado la conocida balsa Jenny, una especie de pantano convertido en una montaña de estériles contaminantes. Y el Gobierno autonómico de Valcárcel lo que hizo fue aprobar que Portmán Golf S.A. le cediera esa balsa para, a través de la empresa estatal Tragsa, proceder a su descontaminación, por cuya operación pagó 5,4 millones de euros, cuando era la propia Portmán Golf, propietaria de los estériles contaminantes, la obligada por ley a hacerlo y correr ella con los gastos de descontaminación.

Más gastos

Pero ahí no quedó la cosa, sino que en otro pleno del Gobierno de Valcárcel se tomó la decisión de pagar con fondos públicos, incluidos los de la Unión Europea, otros 2,72 millones de euros a Portmán Golf, al ser depositados los estériles mineros de la balsa Jenny en una zona colindante y también propiedad de la misma empresa.

“Deja pequeña a Marbella”

La portavoz socialista en la Asamblea Regional, Teresa Rosique, ha calificado este escándalo de “muy grave”, tras saber que la Fiscalía Anticorrupción investiga por los presuntos delitos de prevaricación y de malversación de fondos públicos “a todo el Gobierno regional”. Para Rosique, “esta es una situación sin precedentes en todo el país”. Al escándalo de tener ya catorce altos cargos imputados por los jueces se suma ahora la actuación de todo un Gobierno investigado por la Justicia. Rosique ha sentenciado que el Gobierno de Valcárcel “se ahoga en una balsa de corrupción” y añadido que si faltara más tiempo para las elecciones, “no llegaba entero a las mismas por motivos penales. A este paso la actuación de Valcárcel y su gobierno deja pequeña a Marbella”.

Viejos conocidos

La relación de Valcárcel con los propietarios de Portmán Golf tiene antecedentes. En 2004, el Gobierno regional decidió solicitar a la Comisión Europea la desprotección de una parte del parque natural de Calblanque, considerado Lugar de Interés Comunitario (LIC) y cercano a los terrenos propiedad de los empresarios Mariano Roca y Alfonso García, para que Portmán Golf pudiera llevar a cabo la construcción de un macrocomplejo urbanístico.

Vínculos con Zaplana y Roca

Los constructores inmobiliarios Mariano Roca Meroño –conocido en la comarca como Pan de Higo- y Alfonso García Sánchez tienen estrechas relaciones desde hace dos décadas con el también cartagenero Tomás Olivo, encartado por la operación Malaya, al igual que su “cerebro”, el también cartagenero José Antonio Roca, así como con el portavoz parlamentario del PP, Eduardo Zaplana, natural de la comarca cartagenera, y del empresario murciano Luis de Rivero (Sacyr). También con la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, también del PP, en cuyo municipio como en la zona del Mar Menor llevan a cabo numerosas operaciones urbanísticas. Mariano Roca, como propietario de la empresa agrícola Frocap, también está vinculado a la trama del “robo del agua” en la cuenca del Segura, investigada por la Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid, y estuvo implicado también, entre otros asuntos, como propietario de tres pozos ilegales, en una investigación por presunto fraude fiscal y en la sustracción de joyas y documentos de una caja de seguridad bancaria.

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