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    viernes, 15 de junio de 2007

    VARAPALO JUDICIAL AL PP MURCIANO: EL CASO DE "LA ZERRICHERA" SIGUE SU CURSO.











    Varapalo judicial al PP murciano


    Siete relevantes dirigentes, imputados por corrupción urbanística


    VMPRESS / F.M. MARTÍNEZ

    Con la jurisprudencia y las leyes en la mano, la Audiencia Provincial de Murcia desestimó, al día siguiente de la celebración de las pasadas elecciones municipales y autonómicas, los inconsistentes, a nivel jurídico, recursos de apelación presentados por los siete destacados militantes del Partido Popular dirigido por Ramón Luis Valcárcel -cinco altos cargos de su gobierno, el alcalde de Águilas y un ex concejal de este ayuntamiento-, contra la querella criminal interpuesta por la Fiscalía de Murcia y su admisión por el juzgado de Instrucción número 3 de la capital, en el conocido caso La Zerrichera.

    Se trata de la que fuera directora general del Medio Natural y ahora asesora jurídica del consejero de Educación, Encarna Muñoz Martínez; su marido, Antonio Alvarado Pérez, actual director general de Calidad Ambiental; el director general de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, Manuel Alfonso Guerrero Zamora; el subdirector general, José María Ródenas Cañada: el jefe del servicio de Calidad Ambiental, Juan Ignacio Sánchez Gilabert; el recién elegido alcalde de Águilas, Juan Ramírez Soto, y el ex concejal José López Díaz.

    Ninguna dimisión ni cese

    Ninguno de estos destacados militantes del P.P. presentaron su dimisión o fueron cesados como altos cargos políticos de confianza del presidente del gobierno regional, Ramón Luis Valcárcel, cuando el pasado 22 de febrero el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJ), Manuel López Benal, presentó la querella en el decanato de los juzgados de Lorca, que posteriormente pasó a la jurisdición de Murcia, al ser la capital regional en donde se cometió el presunto delito de falsedad en documento público, además de los de prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, tráfico de influencias y cohecho en la tramitación del expediente urbanístico relativo al paraje de La Zerrichera, en el municipio de Águilas, perteneciente al partido judicial con sede en Lorca.

    El imputado volverá a ser alcalde

    Tampoco dimitieron ni fueron cesados por Valcárcel cuando el pasado nueve de abril el juzgado de Instrucción número 3 de la capital acordó la admisión de la querella presentada por el ministerio Fiscal y la incoación de las correspondientes diligencias previas. Incluso, Juan Ramírez se presentó a la reelección como alcalde, consiguiendo, el P.P. un concejal más al aumentar siete puntos el porcentaje de votos, y bajando un concejal el P.S.O.E. al perder 2.144 votos, cantidad parecida de votos a la obtenida por el MASD, integrado por los exconcejales socialistas expulsados por el partido liderado por Pedro Saura por haber votado a favor de la recalificación de La Zerrichera. Al conseguir 10 concejales el P.P., el imputado Juan Ramírez será de nuevo reelegido alcalde, pues no es previsible que los 6 del P.S.O.E. y los 2 de I.U. se unan con los 3 del MASD.

    Doblemente imputado

    Aún hoy, tras la campaña electoral y la celebración de los comicios locales y autonómicos del pasado 27 de mayo, dichos altos cargos y destacados militantes del P.P. presidido por Valcárcel siguen en sus puestos y sin ser apartados de la militancia de esta formación política que, sin embargo, no sólo ha revalidado por cuarta vez su triunfo electoral a nivel regional sino que aumentó del 56 al 58 por ciento el porcentaje de número de votos concedido por los electores murcianos, lo que le ha permitido sumar un nuevo diputado regional a su ya abultada mayoría absoluta, retrocediendo el voto socialista a 1995. Se da el caso también, que el actual director general de Calidad Ambiental y marido de Encarna Muñoz, ex directora general del Medio Natural, Antonio Alvarado, también está imputado en otra querella por presunto delito urbanístico en el conocido caso Puerto Mayor, en el canal del Estacio de La Manga del Mar Menor.

    Hechos perseguibles de oficio

    El auto de la sección Primera de la Audiencia Provincial, de la que ha sido ponente el magistrado Francisco José Carrillo Vinader, desestima la alegación de los imputados de que la querella fuese presentada fuera de plazo, un defecto de forma que a su juicio era “insubsanable”. Sin embargo, la Audiencia Provincial no sólo considera que la Fiscalía de Murcia si la presentó dentro del plazo de un año, ya que había iniciado diligencias informativas el 21 de febrero de 2006 y la querella fue presentada el 22 de febrero de 2007, habiendo sido prorrogadas durante seis meses por decreto del Fiscal General del Estado. Si no que, incluso, si no fuera así, en la querella se relatan hechos relativos a delitos perseguibles de oficio, por lo que el juzgado hubiera abierto la correspondiente causa penal para investigarlos al tener que haber sido tomado como denuncia el escrito presentado por Fiscalía.

    No se conculca la presunción de inocencia

    En cuanto a la falta de motivación tanto en la querella como en el auto de su admisión por parte del juzgado de Instrucción número 3 de Murcia alegada por los imputados, la Audiencia Provincial invoca otra vez que los defectos formales, además de que no son causa de inadmisión, en este caso la no detallada calificación jurídica de los hechos no es un requisito jurídico y que corresponderá a los escritos de conclusiones provisionales o de acusación determinar tal calificación y que, por tanto, no hay causa de indefensión y no se ha conculcado el principio de presunción de inocencia de los imputados.

    Según el magistrado ponente el tema de la atipicidad de los hechos es la cuestión más discutida en los distintos recursos que habían presentado los imputados. El director general Antonio Alvarado y su mujer, la ex directora general Encarna Muñoz, lo habían presentado conjuntamente, el resto, individualmente, e incidiendo en los mismos argumentos jurídico-políticos en que se habían manifestado desde que la querella de Fiscalía fue presentada, y en los que también abundó el portavoz del gobierno, Fernando de la Cierva y otros máximos dirigentes del PP.

    Concertación y beneficio económico

    En el auto de la Audiencia Provincial se señala que “lo único que debe tenerse en cuenta es que la querella, en su conjunto, lo que viene a relatar es una actuación concertada de diversas personas, todas ellas con cargos de relevancia en las administraciones local y autonómica, para conseguir el cambio de calificación urbanística de determinados terrenos (los de la finca conocida como La Zerrichera) en el término municipal de Águilas, pasando de tener la consideración de no urbanizables a permitir la construcción de una gran urbanización con campo de golf, generando unas importantísimas plusvalías, de las que, al menos, se beneficia uno de los querellados, y pese a tener determinadas condiciones medioambientales (están en la Sierra de Almenara, declarada Zona de Especial Protección para las Aves y Lugar de Importancia Comunitaria de la Región Biogeográfica Mediterránea) que les reconocen especial protección, habiendo informes técnicos y autoridades de la Administración que han mostrado la imposibilidad de tal cambio, pese a lo cual, en un expediente salpicado de irregularidades, se ha legado finalmente a permitir dicho cambio”.

    El alto tribunal murciano señala que “la mera lectura de la querella evidencia que el Ministerio Fiscal atribuye a los distintos partícipes hechos susceptibles de encajar en tipos penales como los referidos, no pudiendo, en principio, descartarse que el cambio de calificación urbanística responda a una actuación concertada para conseguir determinados beneficios económicos”.

    El tribunal de la sección Primera de la Audiencia decidió que su auto fuese votado por los magistrados un día después de las últimas elecciones.

    Comentarios.

    8 comentarios:

    Anónimo dijo...

    espero con ansias verlos en la carcel

    increible pero cierto dijo...
    Este comentario ha sido eliminado por un administrador del blog.
    Maslow dijo...

    Estimado Peperufo. El auto de la Audiencia Provincial es un primer paso para el enjuiciamiento de los dirigentes imputados. Los hechos objeto de la querella del fiscal presentan atisbos de ilicitud penal y merecen ser enjuiciados y seguirse las correspondientes diligencias previas.

    Ahora bien, con respecto a cese o la dimisión, entiendo que es el Fiscal el que debe pedir la adopción de algún tipo de medida cautelar en caso de estimar suficientemente probado que los delitos pudieran continuar caso de no adoptarse o pudieran aprovechar el cargo para tratar de perjudicar el procedimiento; pero no parece lógico exigir al dirigente o al partido cesar en sus funciones por una imputación.

    En cualquier caso, sin ser un pronunciamiento sobre el fondo, entiendo que ya es de por sí muy importante que la Audiencia considere que los hechos objeto de la querella presenten atisbos de ilícito penal merecedores de enjuiciamiento.

    R.MURCIA dijo...

    esta gente tiene muy mal futuro, CON-FIANZA.

    Anónimo dijo...

    A mí lo que me preocupa es saber si las actuaciones judiciales van a producirse antes o después de las elecciones generales, ¿se eternizarán hasta que gane Rajoy en Madrid?.

    PEPERUFO dijo...

    SOCIEDAD CORRUPTA
    José Juan Cano Vera. La Cresta.


    Como saben algunos de mis lectores soy natural de Marbella. Allá voy con alguna frecuencia y allí me informo de todos sus problemas que no son tantos como la prensa amarilla diagnostica. Y digo todo esto porque las similitudes entre Marbella y Murcia van a aumentar en el futuro, antes que termine el año electoral. En mi pueblo, Jesús Gil y sus mariachis ganaron las elecciones municipales hasta en cuatro ocasiones, por mayoría absoluta, hasta que llegó un juez justiciero y terminó con el chupe.

    La gente de la capital de la Costa del Sol afirmaban que "es verdad, Jesús Gil roba pero deja que roben los demás marbellíes". Esta era gran parte de la filosofía social, económica y política que permitía esas cuatro mayorías consecutivas que convirtieron a Marbella en un problema explosivo que terminó por reventar hace poco más de un año. Esta era la situación con la que tenían que enfrentarse los partidos nacionales, el partido popular y el partido socialista.

    Aquí en Murcia, en la región murciana, también la corrupción es una lacra muy extendida. Por ejemplo, es la comunidad autónoma con el mayor índice de economía sumergida, la mayor con los sueldos más bajos, la mayor capital con coches Mercedes de todo el país e incluso con el dinero negro más negro de España. Claro que hay gente honrada, pero este segmento social, la mayoría silenciosa, el cuarenta por ciento de murcianos que no ha querido votar, no tienen influencia mediática, ni política, ni económica, ni social.

    Este cuarenta por ciento que no ha votado es la que tendrá la ocasión de poner las cosas en su sitio cuando un fiscal o un juez justiciero ponga las cosas en su lugar en un plazo de seis meses, período de tiempo en el que floreceran los veinte casos de corrupción menores y los cinco mayores que está investigando el poder jurídico y el fiscal.

    No me agrada ni mucho menos decir estas cosas, pero esa ferocidad contra el candidato socialista, Pedro Saura, y su equipo, me parece contraproducente, inoportuna y precipitada. Hay que dar tiempo a tiempo y esperar a nuevos acontecimientos que van a colocar a las cosas en su sitio. No estoy de acuerdo con que el pueblo siempre lleva razón, también se equivoca con relativa frecuencia. Es verdad que Pedro Saura se ha equivocado en su estrategia electoral, renunciando a las denuncias sobre los duros problemas que sufre el viejo reino murciano; en el sector social, y que la candidata al ayuntamiento de Murcia capital ha sido un tanto marginada en la campaña electoral, pero hay que hacer frente a los próximos acontecimientos políticos que van a emerger en un año. Paciencia y frialdad.

    Finalmente añadir que a la larga campaña contra Zapatero y el agua, los travases del Segura y el Ebro, han calado muy seriamente en el espíritu reivindicativo de los murcianos y esto ha hecho mucho daño a la hora de votar al PSOE. Aquí no ha perdido Saura, sino su partido y el gobierno central. Problema grave que tendrán que paliar si no quieren seguir encontrando una contestación ciudadana cada vez más intensa. Y lo que ha hecho el gobierno de Madrid, y hará en un futuro inmediato, se tendrá que vender mejor. Naturalmente hay que felicitar a Valcárcel y su equipo de asesores por la victoria electoral. Lo cortés no quita lo valiente. Suerte.

    Ah¡ En Marbella hay también otros culpables lejanos.

    Maslow dijo...

    Estimados amigos murcianos. Yo soy andaluz, pero tengo bastante implicación con la región murciana. Tras leer el artículo de José Juan Cano, me pregunto si al asunto de Zerrichera y la imputación de esos dirigentes populares se le está dando en la comunidad la transcedencia que tiene, pues cuando lo hablo con mi gente en Murcia casi nadie me sabe decir nada del tema.

    ¿Es realmente así? ¿Conocen los murcianos la zerrichera o es información de "proscritos"?

    Butzer dijo...

    Cada uno tiene lo que se merece. Yo no entiendo por qué si en Murcia lo pasan tan mal con el agua, es una de las comunidades donde más campos de golf se hacen. La respuesta se llamaría corrupción y mangoneo, ¿no?