El PP busca sacar réditos del caso Malayo cuando ellos fueron permisivos con los Roca anda company.
Desde infinidad de medios afines a la causa popular se repite hasta la saciedad cuando se menciona la trama Malaya que la última responsabilidad es de la Junta de Andalucía y que "seguramente" hay implicados en el gobierno de Chaves que han colaborado necesariamente con los Roca y Muñoz para enriquecerse personalmente. Vamos, que la culpa del expolio no es de los Malayos, sino de la Junta de Andalucía.
La realidad es bien distinta pero por diferentes motivos, ninguno de estos programas de TV y radio se prestan a contarlo todo y a repartir ecuanimamente la responsabilidad del desastre urbanístico marbellí. La derechona mediática utiliza el caso Malayo como un arma arrojadiza contra el PSOE basándose en premisas falsas y lo que es peor, haciendo alarde de una memoria atrofiada o interesadamente selectiva. La realidad de los hechos es muy tozuda y como tal podemos repasar las actuaciones del PSOE, el PP y la Junta de Andalucía respecto al consistorio gilista. ¿Nos atrevemos? Vamos a ello.
La realidad es que las declaraciones del PP y en concreto del señorito andaluz Arenas responsabilizando a la Junta son un comportamiento que roza el cinismo, ya que si alguien ha cumplido con su obligación en Marbella ha sido el PSOE y la Junta de Andalucía que, en los 90, comenzó su batalla judicial contra Gil. Si algún partido ha luchado contra la corrupción del GIL ha sido el socialista y la hemeroteca así lo demuestra.
La Junta ha puesto centenares de impugnaciones a las diferentes licencias que contra el plan del 86 se daban por parte del Ayuntamiento, han sido centenares las comunicaciones al fiscal para que investigara si esas actuaciones eran o no delictivas: en concreto suman 404 impugnaciones de obras aprobadas por el ayuntamiento de Marbella. Fue en la Comisión Provincial de Urbanismo donde se echó para atrás el Plan de Marbella por parte de la Junta con el voto en contra de GIL y del PP.
Gil y Gil, el difunto alcalde de Marbella, pidió el voto para Aznar en 1996. ¿Pueden sorprender, pues, las declaraciones de Gil el día 27 de febrero de 1996 –a menos de un mes de las elecciones generales- pronunciándose de forma inequívoca en favor uno de los dos candidatos? “Voy a votar al PP por conveniencia y por convicción”, aseguró el tristemente célebre alcalde marbellí. Según la versión de El País (28-2-2006), Gil dijo además: “Los socialistas me han perseguido como auténticos canallas y lo tienen que pagar. Todo el que se ha metido conmigo lo ha pagado y ellos no pueden ser menos”.
No se quiere reconocer lo que ha sido un trabajo silencioso de la Junta de Andalucía e, incluso, no comprendido, que empieza en 1995. Ese año se presentan las primeras denuncias de la Junta frente al urbanismo de Marbella. Es curioso que el PP, que ahora tanto reclama, en 1998 fue de los que apoyó el plan de Jesús Gil. Lucharon haciendo frente a la falta de comprensión por parte de otros poderes: en los ocho años de gobierno del PP no hubo una actuación clara y contundente como la que hay ahora.
Fue clave que en 2003 se consiguiera un posicionamiento diferente de los tribunales. Lo importante es que a partir de esa fecha las sentencias que se están obteniendo son claramente favorables al posicionamiento de la Junta.
La cuestión es que la quien no ha estado a la altura de las circunstancias han sido por este orden:
- La Justicia: en 20 años y tras centenares de denuncias apenas se dictaron 20 sentencias condenatorias contra el Ayuntamiento de Marbella, muchas de las cuales no se ejecutaron por parte del consistorio. Conocidas eran las fiestas que GIL montaba a los jueces para tenerlos contentos y el rumor, que los tenía comprados.
- El PP andaluz: hasta hace bien poco no interpuso denuncia alguna al ayuntamiento de Marbella. ¿Dónde estaba el PP andaluz todos estos años? En 1995, un pacto/pinza entre Gil y Gil y Javier Arenas permitió que el PP controlara la Diputación de Málaga y que el GIL presidiera la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental. Tras la ruptura de 2000 –por razones electorales-, el PP se ha venido negando reiteradamente a que el Ayuntamiento marbellí fuera disuelto. Esa Mancomunidad no era ni una menudencia ni una anécdota más o menos irrelevante. Suponía para el GIL su consolidación y su anhelada implantación urbanística en otros territorios más allá de la ciudad de Marbella. El presupuesto de tal Mancomunidad superaba los 50.000 millones de las antiguas pesetas.
Así pues en el año 95, PP y Gil pactaron repartirse el pastel", dándole a GIL la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol a cambio de la presidencia de la Diputación Provincial de Málaga.
- El gobierno de Aznar: Cuando Arenas era vicepresidente del Gobierno de España, la Junta planteó la disolución del Ayuntamiento y puso en marcha un procedimiento para rescatar las competencias urbanísticas en Marbella. "A esa petición el señor Arenas dijo que no había razón para disolver el Ayuntamiento y que el comportamiento de la Junta desde el punto de vista urbanístico era ejemplar".
En febrero de 2001, pasado el susto y con la mayoría absoluta en el zurrón de Aznar, el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Marbella se negó a pedir –junto al PSOE, PA e IU- la disolución del Consistorio que seguía en manos del GIL. Cinco años antes de la iniciativa que han puesto ahora en marcha los Gobiernos andaluz y español, la derecha volvió a las andadas y echó un capote a los gestores, y beneficiarios principales, de una corrupción monumental.
Los mismo sucedió el año 2003, cuando socialistas e IU insistieron en la conveniencia de disolver el Ayuntamiento marbellí, después de la moción de censura contra el alcalde Julián Muñoz y del acceso al poder de la alcaldesa Marisol Yagüe, sucesora directa de los intereses gilísticos, recientemente detenida por la policía y puesta a disposición judicial. El PP cerró filas y de nuevo favoreció objetivamente los intereses de los corruptos.
Otra vez avaló el respaldo a los gilistas Javier Arenas, a la sazón vicepresidente del Gobierno y ministro de la Presidencia. Arenas –según la agencia EFE- “afirmó hoy que los primeros informes de los que dispone el Ejecutivo sobre la situación del Ayuntamiento de Marbella no muestran que se den los supuestos legales que permitan disolver esa corporación municipal”. Arenas lo dijo en el Congreso de los Diputados, interpelado por José Luis Centella, diputado de IU.
La actitud del gobierno Zapatero ha sido muy distinta. Ha vuelto a dotar las Fiscalías Anticorrupción vacías durante el Aznarato. Se pusieron en marcha investigaciones, con la total colaboración de la Junta. Se retiraron las competencias del consistorio, algo a lo que 3 años antes se negó el gobierno de Aznar que dijo que "aquí no pasaba nada".
No parece muy ético ni muy razonable que quienes miraron para otro lado, quien sabe si con una pizca de complicidad, ahora se pongan la sotana de la lucha contra la corrupción. Ellos no formularon denuncia alguna en 8 años, ni a nivel local, ni regional ni nacional. Que se calle, en este tema no tienen la más mínima catadura moral para dar lecciones a nadie, y menos a la Junta y al PSOE, que con sus errores e imperfecciones, al menos si combatió a GIL.
Comentarios como siempre :D
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