Medio Ambiente denuncia al Gobierno murcianoEl Ministerio de Medioambiente ha demandado al Gobierno de la región de Murcia por autorizar la construcción de un complejo turístico en terreno ganado al mar, lo que está legalmente prohibido. El "atentado ecológico", denunciado ayer por elplural.com, ha tenido lugar en La Manga del Mar Menor.
El Ministerio de Medio Ambiente ha presentado una demanda contencioso-administrativa contra el Gobierno de Murcia ( PP) por permitir un complejo turístico (818 viviendas, campo de golf, playa artificial y puerto deportivo) en terreno ganado al mar, según publica el diario El Pais. Una práctica prohibida y un "atentado ecológico", como denunció ayer elplural.com.
La demanda incluye un informe de 1997 de los servicios jurídicos de la comunidad de Murcia que advierte de la ilegalidad y que afirma que si el Ministerio demandaba, la comunidad tendría que pagar una cuantiosa indemnización a los promotores, entre los que estaba un alto cargo del PP regional. En 2001, los servicios jurídicos de Obras Públicas insistieron en que era ilegal.
El Gobierno regional ignoró los informes y en 2000 aprobó la declaración de impacto ambiental de las "2.155 viviendas, locales comerciales y un hotel". La declaración admite que "las obras proyectadas ocuparán una superficie aproximada de un millón de metros cuadrados de dominio público marítimo-terrestre, limitados por dos diques de 600 y 920 metros" e incluye un muelle para 1.000 barcos. Uno de los socios de la promotora era un alto cargo del PP de Murcia, que abandonó la empresa este año.
Pese a todo, la comunidad aprobó el proyecto en 2003 en contra de los servicios jurídicos y de los estudios ambientales.
El Tribunal Superior de Murcia ha paralizado las obras cautelarmente en junio de 2005. Aunque, como adelantó ayer elplural.com, la empresa constructora ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo para poder continuar con su proyecto.
Denuncia
Medio Ambiente acusa también a la comunidad de incumplir el artículo 49 de la Ley de Costas, que obliga a tener informe favorable del Gobierno para ceder terreno público. La demanda afirma que durante años el Ministerio intentó conocer el proyecto y sólo obtuvo silencio de la Comunidad. La última petición antes de pedir la suspensión cautelar se produjo en octubre de 2004. Por todo, pide al tribunal que suspenda la licencia de obras y que condene al Ejecutivo regional a pagar las costas.
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