FINANCIACIÓN: ACLARACIONES.












La solidaridad queda salvaguardada con el Estatut.

Ayer escuchando la Cope (lo sé, lo sé) un economista iluminado se escandalizaba en la Linterna que si el nuevo sistema de financiación autonómica pactado entre Zapatero y Mas se generalizara, el estado sólo se quedaría con un 20% del gasto público total en España.

Bueno, bienvenidos al presente, señores de la Cope. El estado, hoy mismo, gestiona un 20,7% del gasto público en España. Del resto, un 30,7% va a la seguridad social, y un 48,6% va a autonomías y municipios. Y España sin romperse antes de la reforma, cosa que resulta sorprendente. ¿Dónde está la novedad del nuevo sistema entonces?

La respuesta es en los nuevos automatismos en el reparto de dinero, y no tanto en el volumen de recursos que se añade a las autonomías. Ahora mismo, las comunidades reciben sus ingresos de dos fuentes básicas. Por una lado, el dinero que tienen asignado por ley derivado de cesiones fijas sobre determinados impuestos. Cada año, el 33% del IRPF se va a cada gobierno autonómico, así como un porcentaje del IVA, tabaco, y otros tributos variados. Este dinero, aún siendo una cifra considerable, nunca es suficiente para financiar las competencias que tienen las comunidades. Todas las autonomías (Madrid incluida) necesitan recibir una cantidad de dinero adicional para pagar los servicios que prestan, que viene del fondo de suficiencia.

Este sistema, claro, tiene sus problemas. Primero, las autonomías no controlan los tributos de los que tienen una parte cedida. Si al gobierno central le da por recortar el IRPF (una costumbre recurrente), las comunidades no pueden más que apretarse el cinturón y rezar que el fondo de suficiencia les cubra lo que no pueden pagar. El segundo problema, claro, es que las normas que rigen como se distribuye el fondo de suficiencia tampoco depende de los gobiernos autonómicos, que inevitablemente se quedan cortos de dinero de forma recurrente.

El resultado es que las comunidades con rentas altas (Madrid, Cataluña, Baleares y Valencia) se pasan el día rezando que no bajen los impuestos generales para no tener que depender del reparto de fondos posterior, cosa que inevitablemente acaba sucediendo. Cuando las comunidades del PP se quejaban que no podían pagar la sanidad, su problema venía de este lado, por ejemplo. Como no es cómodo ni deseable que los mayores gestores de gasto público no dependan de sí mismos para saber qué tienen entre manos, aquí tenemos la reforma del sistema.

El objetivo es el siguiente: hacer que Cataluña no dependa del fondo de suficiencia. En otras palabras, que las comunidades ricas puedan recaudar bastante como para no tener que ir al sistema de reparto de dinero diseñado para garantizar igualdad de servicios mínimos. Es absurdo que las zonas con más recursos dependan del fondo de solidaridad casi tanto como las zonas con menos, en vez de contribuir a él y punto; lo que se pretende por tanto es asegurar que los ricos tengan capacidad recaudatoria y normativa para pagarse lo suyo mientras contribuyen al resto. Se añade explicitamente, por fin, la capacidad de la autonomía a subir los impuestos cedidos en su territorio o bajarlos si así lo cree conveniente, así que además en caso de querer pavimentar las calles con mármol o cartón, un gobierno regional puede ajustar lo que recauda según prefiera.

¿Recibirá Cataluña más dinero? Es probable que sí, aunque mucho menos de lo que se dice; la gran inyección de dinero vendrá del gasto en infraestructuras, que ha sido patético en los últimos 10 años. Lo que sí se consigue es que la capacidad de recaudación y de gasto autonómica sea más equivalente, de modo que quien presta los servicios sea quien deba conseguir el dinero para pagarlos.

A todo esto, cito un artículo del proyecto literalmente (208.3):

"Los recursos financieros de que disponga la Generalitat podrán ajustarse para que el sistema estatal de financiación disponga de recursos suficientes para garantizar la nivelación y solidaridad a las demás comunidades autónomas, con el fin de que los servicios de educación, sanidad y otros servicios esenciales del Estado del bienestar prestados por los diferentes gobiernos autonómicos puedan alcanzar niveles similares en el conjunto del Estado siempre y cuando lleven a cabo un esfuerzo fiscal también similar."


Me suena que los temores y proclamas de estos sobre la creación de desigualdades son infundados. Si una región está cobrando impuestos iguales (aunque recaude menos, por ser más pobre), deberá tener servicios iguales. No sé dónde está la insolidaridad por estos lares.