Una veintena de municipios del PP, sospechosos de delito.
La Comunidad de Madrid, salpicada de irregularidades urbanísticas.
ELPLURAL.COM
Más de un veintena de municipios gobernados por el Partido Popular de la Comunidad de Madrid son sospechosos de haber cometido alguna irregularidad urbanística, como recalificaciones inadecuadas o de tráfico de influencias. En algunos casos han llegado a provocar la dimisión del alcalde o de concejales, en otros casos los tribunales están investigando.
Los socialistas denuncian que la Comunidad de Madrid se convierte en la peor situada para el acceso a la vivienda, a causa de la política urbanística del PP. Han identificado indicios de irregularidades urbanisticas en una veintena de municipios de la Comunidad. Así lo explica Ruth Porta, portavoz adjunta del PSOE en la Asamblea de Madrid: “Todo Madrid está plagado de una política urbanística dirigida, pensada y ejecutada por el PP, lo cual se traduce en una explosión de especulación delictiva”. Porta señala que esta situación se da “con la connivencia de determinadas empresas constructoras y promotoras” y advierte que “por desgracia, el caso Marbella acabará apareciendo por Madrid, previo paso por Valencia”.
Dimisiones en Tres Cantos.
Algunos municipios son especialmente conocidos por las irregularidades que han sido denunciadas reiteradamente por los socialistas. Es el caso de Tres Cantos, donde una docena de cargos públicos, entre concejales y asesores, todos relacionados con el urbanismo, han dimitido en lo que va de mandato, desde 2003.
Aquí las irregularidades han llegado hasta la propia presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, cuya familia se benefició tan cuantiosa como oportunamente de la venta de unos terrenos, según denuncias del grupo municipal socialista. Y también en Tres Cantos, un concejal del PP, Alberto Martínez Díaz, ha sido acusado por los socialistas de adjudicar unos terrenos a Fomento de la Construcción, siendo propietario de los mismos.
Alcalde procesado.
En Majadahonda el alcalde del PP, Narciso de Foxá, está procesado por un delito de malversación de fondos. Y el antiguo alcalde, Guillermo Ortega, dimitió el año pasado, “por motivos de salud”, aunque los socialistas lo atribuyen a diferencias de precio en la adjudicación de una parcela.
Imputado el alcalde.
En Brunete, el alcalde del PP, Félix Gavilanes Gómez, está imputado por delitos de prevaricación y de ordenación del territorio, por presuntas irregularidades entre los convenios urbanísticos y las fichas técnicas de algunos terrenos.
Ruptura del Gobierno municipal del PP.
En Alameda del Valle, la tramitación del plan General ha supuesto la ruptura del PP, al provocar la dimisión del alcalde y una concejala, que han sido substituidos, gracias al sistema de listas abiertas, por un concejal del PSOE y otro independiente. El nuevo alcalde del PP, con su nuevo equipo de gobierno, han anulado las recalificaciones de terreno previstas de 70 viviendas en suelo especialmente protegido por el Parque Nacional.
Con Gallardón, no con Aguirre, sí.
En Moralzarzal, los socialistas denuncian que el alcalde pretende construir viviendas en los Pradejones (localidad dentro del ámbito del PORN del Parque Nacional) con el Gobierno de Esperanza Aguirre, pues cuando la Comunidad de Madrid estaba gobernada por Alberto Ruiz Gallardón les había sido denegada la petición.
Terreno rústico para construir.
En Boadilla, la Audiencia Provincial de Madrid ordenó ayer abrir investigaciones por supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y estafa, que afectan supuestamente a los promotores de la ciudad financiera del Banco de Santander Central Hispano. Según los denunciantes, la entidad adquirió el terreno como rústico, sabiendo que iba a ser recalificado para poder edificar.
Más irregularidades.
En Colmenar de Oreja, la alcaldesa está en los tribunales por una presunta irregularidad en el dinero que percibió el Ayuntamiento, según el convenio realizado para la instalación de una central de producción eléctrica en el municipio.
En Colmenar Viejo, los socialistas denuncian que el alcalde ignora a menudo los informes que los técnicos municipales le preparan para la concesión de licencias urbanísticas.
En Pedrezuela, el alcalde también del PP, José Antonio Chichón, ha otorgado diversas licencias de vivienda en suelo no urbanizable, permitiendo construir una urbanización de chalets en un suelo industrial, sin cambiar el uso del suelo.
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