JUICIO DEL 11-M: LAS MISERIAS DEL PARTIDO POPULAR AL DESCUBIERTO.



Juicio por el mayor atentado en España - 11-M

El juicio del 11-M destapa los agujeros en la seguridad del Estado durante el Gobierno del PP

Policía, Guardia Civil, servicios secretos y Ejecutivo infravaloraron los datos de que disponían sobre la amenaza islamista

ELPAIS.

La matanza del 11-M, de la que ayer se cumplieron tres años, fue, sin duda, un fiasco colectivo de la lucha antiterrorista. Y de otros también. Policía, Guardia Civil, Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y sus jefes políticos del Gobierno de José María Aznar estuvieron muy cerca de los islamistas radicales que perpetraron la masacre y de la trama de los explosivos. Las declaraciones de los primeros testigos del juicio que se celebra en la Casa de Campo de Madrid han abierto la caja de Pandora que ya se creía cerrada desde la comisión de investigación parlamentaria. Una caja llena de informes de amenazas de Al Qaeda infravalorados, las investigaciones sobre islamistas fallidas, confidentes de doble dirección, una brutal descoordinación policial, una mina de explosivos descontrolados... Un agujero de seguridad que, a día de hoy, el Gobierno del 11-M, del PP, aún no ha reconocido.

La comisión de investigación ya demostró que lo que ocurrió en el seno de los servicios, especialmente en algunas unidades, fue "un desastre, un disparate", tal como lo definió Ignacio Astarloa, entonces secretario de Estado de Seguridad. Aunque luego dijo, como su jefe, Ángel Acebes, que en realidad no tenían ni idea de nada. Ni ellos ni los responsables del CNI, Jorge Dezcállar; Policía, Agustín Díaz de Mera; o Guardia Civil, Santiago López Valdivielso.

Las declaraciones en el juicio y en la comisión muestran un triste panorama, donde ya ETA no aparece pero sí algunos intentos de investigadores de tapar sus vergüenzas, de que no se supiera que estuvieron cerca, muy cerca, aunque sí aprovecharon la información de que disponían para evitar nuevos asesinatos y desarticular la célula terrorista. Es decir, que estaban haciendo su trabajo con ínfimos medios materiales y personales, infiltrando a confidentes, observando a los malos, intentando detenerles, pero que no llegaron a tiempo y no quisieron que nadie supiera sus fallos. Pero ni los investigadores ni sus jefes, ni los jueces ni los fiscales de la Audiencia Nacional supieron o pudieron juntar las piezas, ni el Gobierno del PP no dio prioridad al combate local del islamista.

- Las amenazas infravaloradas. José Luis Serrano, hoy analista antiterrorista pero entonces inspector de la Unidad Central de Información Exterior (UCIE) de la Comisaría General de Información, detalló en el juicio la escalada de la amenaza contra España. Antes del 11-M, el territorio español era considerado la retaguardia del islamismo. Pero tras las detenciones en relación con el 11-S, los servicios antiterroristas empezaron a alertar de que se podía producir un cambio, un vuelco. Lo pusieron por escrito y elevaron informes de amenaza a sus jefes.

Serrano subrayó cómo ya el 18 de octubre de 2003, el propio Osama Bin Laden, en un vídeo difundido por las cadenas árabes, dio "su visto bueno genérico" a atentar contra intereses españoles, "en cualquier lugar y momento". España era citada directamente por su participación en la guerra de Irak.

Entre el 22 de abril de 2002 y el 21 de enero de 2004, los Cuerpos de Seguridad, el CNI y Europol elevaron diez informes a las autoridades políticas alertando de "la amenaza terrorista de origen islamista que se cernía sobre España y otros países occidentales", según el dictamen final de la comisión de investigación, sólo fue rechazado por el PP.

Pero el aviso de verdad fue el del atentado de Casablanca (16 de mayo de 2003, contra intereses españoles). El que era jefe de la UCIE, el comisario Mariano Rayón, elevó un informe el 23 de noviembre de 2003, que fue seguido de otro del CNI, de 10 de junio, donde se aseguraba, como detalló Serrano, que existía "un nivel de alarma bastante crítico de un atentado contra España".

- Investigaciones fallidas. Las investigaciones permitieron conocer, ya en 2001, que un tal Mustafá el Maimouni, preso hoy por el atentado de Casablanca, y Mohamed el Egipcio, procesado en este juicio y ya condenado por terrorismo en Italia, "recompusieron los grupos de fanáticos dispuestos a vengar la detención de su jefe", Imad Eddin Barakat Yarkas, Abu Dadah. El nexo entre ellos era Serhane Ben Abdelmajid, El Tunecino. Los policías han confirmado en el juicio que ya en 2002 se les vio reunirse en la casucha de Chinchón que fue la morada de los terroristas del 11-M. "Pero como se creían controlados e infiltrados, dejaron de reunirse".

El día de los atentados seguían abiertas siete investigaciones, centralizadas por la Audiencia Nacional, fundamentalmente por el juez Baltasar Garzón. Personas como las ya citadas o Jamal Zougam, Mohamed Larbi Ben Sellam (procesados), Mohamed Afallah (se le da por muerto en Irak), Said Berraj (huido) o Allkema Lamari (muerto en Leganés y que estaba en libertad por un error judicial) fueron investigadas. Pero, como han puesto por escrito mandos políticos, policiales, jueces y fiscales, "ningún indicio se detectó en ese momento" contra ellos "que permitiera proceder a su detención por la policía o solicitar la misma al juzgado o la fiscalía de la Audiencia Nacional".

Estos hechos tienen dos lecturas. Una es la que sostienen los policías que investigaron entonces y ahora: que los servicios estaban haciendo su trabajo, infiltrando a confidentes, observando a los malos, intentando detenerles, pero no llegaron a tiempo, porque ni ellos ni sus jefes supieron juntar las piezas. La otra, alimentada por los defensores de la teoría de la conspiración mutante, es que los servicios estaban formados por una banda de delincuentes, conjurados para matar, pero dirigidos por los mismos políticos que dicen quería derrotar. Lo que ha quedado claro es que, tras el 11-M, utilizaron todas las informaciones que tenían para evitar nuevas muertes y que, si hubiera sido por ellos (guardias, policías y agentes del CNI), hubieran optado por que no se supiera que habían fallado.

- La crisis de los confidentes. Ya han declarado los tres confidentes oficiales que han aparecido en el 11-M: José Emilio Suárez Trashorras, Rafá Zohuier y el testigo protegido más conocido como Cartagena. Los tres han dicho lo mismo, que fueron poco menos que marionetas en manos de los servicios, que no les hicieron caso a sus alertas, que lo que dijeron en un principio no es verdad, porque la única es la que han dicho en el juicio, que todo lo anterior fue mentira. Trashorras ha dicho que su amigo policía de Avilés, el inspector de estupefacientes Manuel García Rodríguez, Manolón, estaba al cabo de la calle de todo, de sus andanzas con Jamal Ahmidan, El Chino, uno de sus proveedores preferidos de hachís. Zohuier, que avisó de que había trapicheos de explosivos pero en un momento determinado dejó de hacerlo, subrayó que Víctor, su controlador de la Unidad Centro Operativa de la Guardia Civil, estaba perfectamente informado de los trapicheos de sus amigos asturianos.

Cartagena fue mucho más allá. Acusó a dos agentes de la UCIE, Guillermo Moreno Lete, al que llamaba Rubio, y Antonio Jesús Parrilla, Manzano, a quienes señaló como sus controladores, de hacerle chantaje, de haber intentado que se metiera en el piso de Leganés para morir. Incluso de haberse reunido en un Vips con El Tunecino, un año antes del atentado. Según contó, tras los sucesos del 11-M oyó cómo uno de los agentes decía "como este moro hable, la hemos cagado". Es decir, que si lo que dice es cierto, le habrían presionado para que ocultara la autoría islamista porque, tal y como dijo, lo que se le pidió es que recabara todos los datos que pudiera del Tunecino, Zougam, Lamari, Maymouni... "Pero de atentar, atentar, no avisé; sólo de que El Tunecino buscaba mártires", aseguró. Y también que un etarra iba repartiendo teléfonos de ETA en los calabozos de la Audiencia Nacional y de que en una mezquita se habló de la posibilidad de pedir ayuda a los "incrédulos", sobre todo a ETA, para conseguir explosivos. Cartagena apuntó y disparó también al primer testigo policial, a Serrano, miembro de la UCIE, quien antes había negado haber tenido trato alguno con El Tunecino.

- El descontrol de los explosivos. Un vídeo rodado por la Guardia Civil en la mina Conchita tras los atentados no deja dudas. Quien lo supiera y quisiera, podía pasarse por la mina y recoger explosivos, Goma 2 ECO y EC, que estaba tirada por doquier y kilos. Es decir, que el control de los explosivos, responsabilidad de la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil, era, como mínimo, muy deficiente. Quedó más que claro en la comisión de investigación del Congreso que tampoco hubo interés político en ese control. Se consideraba suficiente la vigilancia. Y eso a pesar de que no se investigó el origen de los explosivos (16 cartuchos de Goma 2 ECO contaminados con DNT) hallados en poder de la trama de traficantes de Suárez Trashorras y su hoy ex cuñado Antonio Toro Castro en 2001, una operación de la Jefatura Superior de Policía de Asturias. Tampoco se llegó a nada en las pesquisas de la UCO y las comandancias de la Guardia Civil de Oviedo y Gijón sobre los avisos de Zouhier de que los ex cuñados iban ofreciendo explosivos al mejor postor.

- Ni coordinación ni medios. Si todo lo antedicho se sabía antes del 11-M, ¿es posible que nadie supiera cuadrarlo, tener una visión de conjunto?, ¿es que nadie se dedicaba a coordinar esfuerzos? El hecho es que ni esas informaciones e investigaciones, ni las que llevaba la Brigada Provincial de Madrid sobre islamistas antes de los atentados; la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de Madrid, que estaban investigando los trapicheos de El Chino, ni las recabadas por jueces y fiscales de las audiencias de Madrid y Asturias, la Nacional y un juzgado de Alcalá de Henares, sirvieron nada más que para conocer una enormidad de detalles sobre los autores de los atentados, pero con posterioridad a los atentados. Tampoco se llegó a nada por las pesquisas del CNI, entonces dirigido por Jorge Dezcállar, hasta ahora el servicio que más indemne ha salido de la purga de los fallos, dado que el carácter secreto de su trabajo le ha permitido mantenerse al margen. Y eso a pesar de que sus miembros, si se les preguntaba, presumían de tener la mejor información casi de Europa sobre terrorismo islamista.

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