CORRUPCIÓN URBANISTICA EN MARBELLA: ¿SALPICA A MURCIA?






















Murcia se ve salpicada por el escándalo que se ha desatado en Marbella. Se trata de una operación policial contra la corrupción que incluye actuaciones en Málaga, Madrid y Murcia, y en la que participan agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y especialistas en crimen organizado de la Dirección General de la Policía, así como miembros de las jefaturas policiales de esas tres provincias en las que hasta el momento se han efectuado quince registros.

La Policía desalojaba esta mañana el Ayuntamiento marbellí, registraba dependencias municipales y domicilios particulares y detenía a diecinueve personas, entre ellas la alcaldesa, Marisol Yagüe, en una amplia operación dirigida por un juez y la Fiscalía Anticorrupción.

La edil abandonaba sobre la una de la tarde su vivienda custodiada por la Policía y con la cabeza cubierta, y fue trasladada a dependencias policiales en un coche escoltado por dos furgones.

Entre los detenidos, además de la alcaldesa de Marbella, se encuentra el asesor de Urbanismo y antiguo gerente de este departamento municipal, Juan Antonio Roca; dos concejales del equipo de gobierno marbellí y el secretario de este Ayuntamiento. Según fuentes consultadas por ECM, el empresario inmobiliario de origen cartagenero Tomás Olivo podría estar entre los detenidos. No hay que olvidar que Olivo recibió un evidente trato de favor por parte del difunto Jesús Gil y Gil cuando aterrizó en Marbella desde su Cartagena natal en el año 1991, tras acceder a la alcaldía el que fuera presidente del Atlético de Madrid.

Tomás Olivo ha formado desde entonces equipo con su paisano Juan Antonio Roca, al que se responsabiiza de haber vendido el patrimonio de Marbella al mejor postor a lo largo de los últimos quince años.

Las investigaciones se iniciaron en noviembre del año pasado y tenían como objetivo poner al descubierto un complejo entramado societario que encubre numerosas actividades delictivas.

Las gestiones policiales realizadas hasta el momento han permitido acreditar la participación de numerosas personas en delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y maquinación para alterar el precio de las cosas.