CORRUPCIÓN URBANISTICA: ESTA VEZ TOCA MALLORCA.



Más de una decena de casos en distintas localidades. El fiscal anticorrupción de Baleares se enfrenta a varias marbellas.

DÍDAC BOZA

Hay otras marbellas. En algunas se habla el catalán balear y mantienen muy ocupado a Juan Carrau, el fiscal delegado de la fiscalía especial anticorrupción en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares.

Carrau trabaja en más de una decena de causas judiciales en las que se intenta dirimir el comportamiento de responsables políticos y empresarios. La mayoría de los casos tienen que ver con actuaciones presuntamente ilícitas en ayuntamientos u otras instituciones públicas.

Sineu: funcionaria en prisión por desfalco

En la localidad mallorquina de Sineu, el caso de un supuesto desfalco multimillonario cometido durante años ha provocado que se encuentre desde hace semanas en prisión preventiva la responsable municipal de la recaudación de impuestos, Martina Gelabert. Esta funcionaria no pudo dar una explicación lógica cuando se le preguntó por el destino de decenas de miles de euros extraídos por ella de una cuenta del Ayuntamiento.

La investigación se centra ahora en aclarar si hubo o no complicidades dentro del consistorio o fuera de él. Sineu tiene alcalde del PP, Josep Oliver Rebassa, que ha prestado declaración también por este caso. El desvío de fondos que se imputa a Martina Gelabert se habría producido sobre todo durante el mandato de un ex alcalde, otro Josep Oliver -éste apodado Pavarotti- perteneciente a Unió Mallorquina.

Mañana martes, se celebrará en la Audiencia Provincial de Palma una vista oral en la que se decidirá si se prolonga la prisión preventiva para la recaudadora municipal de Sineu o si, en cambio, se la deja en libertad, bajo una fianza en medios locales se estima que sería, en todo caso, muy elevada.

Ses Salines: la casa del ex alcalde

En el juzgado de Instrucción número 8 de Palma, hay diligencias abiertas por el caso de una vivienda situada en terreno rústico, propiedad del ex alcalde de Ses Salines, Sebastià Vidal, del Partido Popular. Dicha edificación fue legalizada por el Consell de Mallorca con la excusa de destinarla a ser sede de una agrupación caballista. Para ello, varios ayuntamientos emitieron documentos que avalaban que la Agrupació Caballista de Ses Salines había actuado en sus respectivos municipios desde el año 1995.

Después se ha sabido que la citada agrupación no se constituyó hasta el año 2002. Los alcaldes de las poblaciones mallorquinas de Santa Margalida, Inca, Lloret, Llucmajor, Santanuí, Campos, Felanitx, sa Pobla i Montuïri, todos ellos del PP, han sido denunciados por “falsedad documental”. Todos implicados por una sola vivienda, la de su compañero de partido en Ses Salines.

Lluchmajor y el concejal Rabasco

Una de las personas que más trabajo da al fiscal Juan Carrau como responsable anticorrupción en Baleares, es Joaquín Rabasco, un controvertido concejal de Lluchmajor, líder de su propio partido, Agrupación Social Independiente (ASI). Además de utilizar como argumento electoral un acusado anticatalanismo lingüistico, Rabasco, elegido concejal en Lluchmajor, se asoció con el PP y obtuvo la cartera de Turismo en el gobierno municipal.

El pasado mes de diciembre abandonó el equipo de Gobierno, cuando ya en la fiscalía se acumulaban datos sobre presunta malversación, falsedad, estafa, cohecho, extracciones ilegales y negociaciones prohibidas a funcionarios. Rabasco está acusado de haber desviado a su empresa y a las empresas de su amiga íntima, María del Amor Aldao Muiño, más de un millón de euros de las arcas municipales de Llucmajor. El concejal tiene bloqueadas judicialmente sus cuentas bancarias por no pagar la fianza de 219.000 impuesta por el juez, e incluso el alcalde de Llucmajor le ha embargado la remuneración municipal hasta que enjuague al gasto que hizo con un teléfono móvil del Ayuntamiento: 3.000 euros en tres meses.

Archivada una denuncia contra Matas

Recientemente, el juez de instrucción número uno de Palma, ha archivado la denuncia contra el presidente del Govern balear, Jaume Matas, que había presentado Jesús Pérez-Gil, la persona que habitualmente conduce la furgoneta del concejal Rabasco. Pérez Gil acusaba a Matas de malversación de fondos por contratos promocionales con famosos como Michael Douglas, Claudia Schiffer o Anna Kournikova, pero el juez no ha visto indicios de delito.

Inca: lo que dan de sí las “cestas”

En Inca, el caso que ha dado trabajo a la fiscalía tiene que ver con unas cestas o bolsas con las que el Ayuntamiento quiso obsequiar a los ciudadanos con motivo del Dijous Bo. Unas cestas que dieron mucho de sí. El presupuesto hinchado para sufragar la operación podría esconder un posible pago de comisiones y ha colocado en nombre de Inca en la lista de las marbellas baleares. El Dijous Bo de Inca es una de las ferias más importantes de la isla de Mallorca. Se celebra cada año el tercer jueves de noviembre y cuenta siempre con una participación masiva de público y de expositores.

Montuïri: evasión fiscal sobre cuatro ruedas

En la población de Montuïri, el alcalde del PP, Gabriel Matas, declaró hace pocos días como imputado ante el juez de Palma que instruye un caso de supuesta evasión fiscal y compraventa ilegal de vehículos. El principal implicado es el empresario Salvador Llinàs Bauzà.

La Guardia Civil había detectado un gran movimiento de vehículos sin matricular que, supuestamente iban a parar a un establecimiento de alquiler de coches. En realidad se destinaban a la venta. La operación policial produjo 11 detenidos y un total de 11 imputados, uno de ellos el alcalde. A él, y a la secretaria del ayuntamiento se les imputa la emisión de certificados falsos. Montuïri tiene uno de los impuestos de circulación más bajos de toda Mallorca y se calcula que, en un año, habrían pasado fraudulentamente por el municipio unos 3.000 vehículos.

Causas pendientes en Calvià

De todo el entramado de querellas y de denuncias ha rodeado la vida municipal de Calvià en los últimos años quedan por resolver dos de las causas contra la ex alcaldesa socialista, Margarita Nájera, surgidas a partir de las diversas querellas interpuestas por el Partido Popular. La mayoría de estas causas han sido archivadas.

El fiscal Carrau estuvo, desde el primer momento, en la investigación del llamado caso Calvià, el supuesto intento de soborno de un concejal independiente del gobierno socialista del Ayuntamiento para que se pasase al grupo mixto y así desbancar a la alcaldesa Nájera.

Las subvenciones del Consell de Mallorca

Una de las causas más importantes, en estos momentos, tiene su orígen en las subvenciones concedidas por el Consell insular de Mallorca, presidido por una dama de hierro de la política balear, la líder de Unió Mallorquina, Maria Antònia Munar. Por orden del juez de instrucción número uno de Palma, Juan Manuel Sobrino, el grupo de blanqueo de dinero del Cuerpo Nacional de Policía está rastreando en las cuentas y el patrimonio de todas las entidades que han recibido subvenciones de la administración insular.

El fiscal Carrau inició las actuaciones a partir de la denuncia interpuesta por un grupo de ciudadanos que sospechan que estas tras estas subvenciones podría existir un caso de financiación ilegal de un partido político. Argumentan que varias de las empresas y entidades subvencionadas “estan dirigidas por personas dirigentes, militantes o afines a Unió Mallorquina.

Con este caso, está en cuestión la actuación de varios altos cargos del Consell mallorquín, incluía la propia presidenta Munar, además de la consellera de cultura, el director de cultura, el responsable de un centro cultural y la presidenta de una de las asociaciones subvencionadas.

Ibiza: la autopista de Matutes

En la isla de Ibiza el asunto más controvertido no es objeto, por ahora, de investigación penal pero sí de numerosas demandas por lo contencioso-administrativo. Se trata de la construcción de la polémica autopista de Ibiza divide la isla en dos, uniendo la capital con Sant Antoni, con seis carriles.

Desde finales de enero, las protestas han ido en aumento. En alguna de las movilizaciones llegaron a participar unas 23.000 personas en alguna manifestación, la cuarta parte de la población de toda la isla. En ocasiones, el clima se ha crispado hasta el punto de que la policía ha practicado, en estos meses, más de una veintena de detenciones.

Todavía no hace una semana que las excavadoras demolieron la finca ibicenca de Ca na Palleva, uno de los símbolos del movimiento antiautopistas que lleva meses oponiéndose a la construcción de una infraestructura que, aparte de su impacto ambiental, conlleva numerosas expropiaciones.
De las expropiaciones, que en algunos casos no pasan de 6 euros por metro cuadrado, quedan excluidas unas propiedades de la familia del ex ministro de Exteriores del PP, Abel Matutes, gracias a una rotonda y una controvertida curva que incluye el proyecto (foto). Los afectados por las expropiaciones denuncian además que en un tramo que coincide con las fincas Matutes, la autopista transcurrirá excepcionalmente cubierta con zona ajardinada.

Las obras han sido adjudicadas a Enrique Ortiz e hijos, constructor de grandes obras en la Comunidad Valenciana, entre otras Terra Mítica, a Fomento de Obras y Contratas, de la que es consejero Abel Matutes. La consejera de Vías y Obras del Consell Insular de Ibiza y Formentera es Stella Matutes, hija de ex ministro.